El cobro asciende a UF 316.410,15 y se funda en una fiscalización que detectó disponibilidad bajo el mínimo, una fórmula de cálculo distinta de la aprobada y 38 nodos caídos. La empresa sigue obligada a operar la red y debe presentar nuevas garantías en 30 días hábiles.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el cobro íntegro de las garantías presentadas por WOM S.A. en el proyecto Fibra Óptica Nacional (FON), por un total de UF 316.410,15, tras detectar incumplimientos que la autoridad califica como graves, persistentes y transversales en las macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur.
La FON es una red troncal impulsada con un subsidio estatal de más de $80 mil millones —cerca de US$86 millones— para reducir la brecha digital y fortalecer la conectividad entre Arica y Parinacota y Los Lagos. WOM se adjudicó cinco de esas macrozonas con un subsidio superior a $52 mil millones, unos US$55 millones. A cambio, debía operar y mantener la infraestructura disponible al menos un 98% del año en cada macrozona.
Los números que gatillaron la decisión
Incluso usando los datos entregados por la propia empresa, ninguna de las cinco macrozonas alcanzó ese piso. Según la información analizada por la autoridad, los resultados reportados fueron:
- Arica y Parinacota: 72,94%
- Norte: 78,39%
- Centro Norte: 90,32% y 93,54%
- Centro: 95,76%
- Centro Sur: 91,55% y 92,15%
A eso se suma lo que Subtel describe como una degradación masiva de la red detectada por su monitoreo: la caída de 38 nodos de acceso y distribución en Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Maule, con pérdida total de gestión y alarmas críticas de comunicación sostenida.
Una fórmula distinta a la aprobada
Más allá de las cifras, la fiscalización apuntó al método con que se llegaba a ellas. Subtel concluyó que WOM aplicó una forma de cálculo distinta de la comprometida y aprobada para el proyecto: la fórmula usada incorporaba elementos adicionales que reducían el peso de los tiempos de falla en el resultado final, mostrando porcentajes de disponibilidad superiores a los que se habrían obtenido con la metodología autorizada.
La revisión técnica también detectó deficiencias en la supervisión oportuna de los servicios y en la gestión, notificación, seguimiento, trazabilidad y cierre de incidencias. Además, no fue posible acreditar la entrega de los reportes financieros anuales exigidos por las bases para las cinco macrozonas, antecedentes considerados necesarios para el seguimiento del proyecto.
El cobro no cierra el caso
La resolución no pone fin a las obligaciones de la empresa. WOM deberá continuar operando, manteniendo, reparando y normalizando la infraestructura, y entregar nuevas garantías dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, enmarcó la decisión en la línea de fiscalización del Ejecutivo: “El gobierno del Presidente José Antonio Kast nos ha mandatado a fortalecer la conectividad a lo largo de todo Chile, junto con reforzar la fiscalización, ordenar la gestión pública y asegurar un uso disciplinado de los recursos del Estado. En esa línea, desde Subtel hemos intensificado la supervisión de los proyectos de conectividad financiados con fondos públicos, porque no puede haber espacio para incumplimientos en infraestructura estratégica para el país”.
Sobre el estado de la red, agregó: “La Fibra Óptica Nacional es una carretera digital construida con un subsidio estatal de US$55 millones. El Estado no puede permitir que una infraestructura de esta magnitud esté degradada, indisponible o no cumpla plenamente su objetivo de conectar a miles de personas, ampliar la competencia y mejorar el servicio a lo largo de Chile. Este esfuerzo público tiene una meta concreta: conectar a más de 800 mil personas”.
Garrido también puso el foco en las capacidades de quienes se adjudican estos proyectos: “Las empresas que participan y se adjudican estas inversiones deben contar con las capacidades técnicas, operacionales y financieras para mantener las redes en las condiciones comprometidas durante toda su vida útil y no únicamente al momento de su puesta en servicio. El Estado tiene el deber de resguardar el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios. Hacer la vista gorda frente a incumplimientos en proyectos de esta envergadura no solo debilita la institucionalidad, sino que también genera una señal equivocada para el mercado”.
Finalmente, la autoridad señaló que “la certeza regulatoria exige que las reglas se apliquen de manera objetiva y uniforme. Ello protege la confianza en los procesos concursales, resguarda la continuidad y calidad de los servicios para la ciudadanía, junto con asegurar condiciones de competencia equitativas entre todos los operadores que cumplen sus compromisos”.
