El incremento en el precio de los combustibles registrado en marzo provocó un salto inmediato en la adopción de vehículos eléctricos en Chile. Según explicó Ignacio Rivas, director de Programas del Centro de Movilidad Sostenible, en conversación con El Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable, las ventas de eléctricos pasaron de un 4% a un 10% del total de vehículos livianos vendidos en abril, es decir, uno de cada diez autos comercializados ese mes fue eléctrico.
El salto se da sobre una base que ya venía creciendo de forma sostenida. Antes de 2024, los vehículos eléctricos representaban menos del 1% de las ventas en Chile. Ese año entró en vigencia la Ley de Eficiencia Energética para vehículos livianos, sedanes, SUV y algunas pick-up, normativa pionera en la región que obliga a fabricantes e importadores a incorporar progresivamente vehículos más eficientes en su oferta. Como resultado, la disponibilidad de modelos 100% eléctricos pasó de cerca de 40 a alrededor de 150 en el mercado nacional, cifra que supera los 200 si se suman los híbridos enchufables.
La brecha entre autos y cargadores
El crecimiento acelerado de la demanda contrasta con los tiempos de despliegue de la infraestructura de carga. Rivas explicó que mientras la compra de un vehículo eléctrico toma días o semanas, instalar un punto de carga público puede demorar meses o años, generando un desfase que la industria todavía no logra resolver. Actualmente, cerca del 60% de las comunas del país no cuenta con ningún punto de carga público, una brecha especialmente crítica en zonas extremas donde la baja demanda hace poco rentable la inversión privada. El Centro de Movilidad Sostenible plantea que, en esos territorios, se requiere financiamiento estatal directo, siguiendo el modelo aplicado en el norte de Noruega, donde la autoridad cubrió el 100% del costo de instalación para garantizar cobertura.
La carga en edificios también enfrenta obstáculos regulatorios. La Ley de Copropiedad exige la aprobación de la mayoría de los derechos de una comunidad, en un edificio de 100 departamentos, al menos 51, para intervenir espacios comunes e instalar un cargador, quórum que en la práctica resulta difícil de alcanzar. El Centro de Movilidad Sostenible impulsa una modificación legal para eximir de este requisito a las intervenciones menores, y propone que los edificios nuevos incorporen canalizaciones eléctricas desde su diseño, siguiendo estándares ya aplicados en California, la Unión Europea y Reino Unido. Según el organismo, este tipo de preparación representa menos del 1% del costo total de un proyecto inmobiliario.
Ahorro de hasta 90% y nuevas tarifas en estudio
En el frente de costos, Rivas detalló que cargar un vehículo eléctrico en el hogar genera un ahorro de entre 70% y 80% respecto a un vehículo a combustión. El Centro de Movilidad Sostenible, junto con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, presentó al Ministerio de Energía y a la Comisión Nacional de Energía una propuesta de tarifas horarias diferenciadas, que aprovecharían la flexibilidad de los usuarios de eléctricos para cargar en horarios de menor costo. El estudio proyecta que, bajo este esquema, la tarifa más cara sería incluso más baja que la actual, mientras que la más económica implicaría una rebaja superior al 40%, llevando el ahorro total frente a un vehículo a combustión hasta un rango de 85% a 90%.
Otro nudo identificado es la gestión de las distribuidoras eléctricas en la conexión de nuevos puntos de carga. Rivas calificó este trámite como la etapa más compleja de cualquier proyecto de infraestructura de carga, señalando incumplimiento de plazos, exigencia de documentación adicional a la normativa y falta de transparencia en costos. La situación motivó una denuncia de la Cámara Chilena de la Construcción ante la Fiscalía Nacional Económica.
Flotas comerciales y transporte público, a la cabeza
El sector logístico fue pionero en la adopción de eléctricos en Chile, liderando las compras entre 2019 y 2023 a través de flotas de reparto urbano de empresas como DHL, FedEx, Falabella y Mercado Libre. En transporte de carga pesada, Chile cuenta con la flota de camiones eléctricos más grande de Sudamérica, operada por Sotraser. Rivas proyectó que el alza de combustibles acelerará una segunda ola de electrificación de flotas corporativas, dado que las decisiones de compra en este segmento suelen basarse directamente en el cálculo de costos operativos.
En transporte público, Santiago alcanza un 70% de buses eléctricos en circulación, posicionando a Chile como referente regional, solo detrás de China a nivel mundial en la materia. Rivas atribuyó este resultado a un proceso de articulación público-privada y a la superioridad técnica y económica de la tecnología eléctrica para flotas urbanas.
Mitos, baterías y el camino que falta
Respecto a las barreras que persisten para el consumidor final, Rivas identificó tres ejes: precio, infraestructura de carga y mitos asociados a la tecnología, como temores sobre incendios o la durabilidad de las baterías. Sobre este último punto, indicó que la evidencia actual muestra que la vida útil de las baterías supera la del propio vehículo, lo que traslada el desafío hacia la gestión de fin de vida: reciclaje para recuperar minerales como litio, cobre y cobalto, o reutilización en sistemas de almacenamiento de energía. En esa línea, recientemente cerró el proceso de consulta pública para implementar la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) aplicada a baterías de litio, normativa que el Centro de Movilidad Sostenible respalda como condición necesaria para desarrollar una industria de reciclaje y segunda vida en el país.
