El Gobierno anunció que el traspaso de la administración de las áreas silvestres protegidas del Estado desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) se realizará a partir de marzo de 2027, tras un proceso de revisión que detectó una serie de falencias en la planificación y ejecución de este proceso, generadas durante la administración anterior. Producto de la gravedad de los antecedentes recopilados, las autoridades instruyeron un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades y ya informaron a la Contraloría General de la República.
La decisión se enmarca en el cumplimiento de la Ley N° 21.600, que crea el SBAP y que establece que el traspaso de los parques debe materializarse dentro del tercer año de entrada en funcionamiento del nuevo servicio, organismo que inició oficialmente sus operaciones en febrero de 2026. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, en los últimos días de la administración del expresidente Gabriel Boric, se publicó un decreto que adelantaba esa fecha y fijaba el traspaso de personal y de la gestión de más de 100 áreas protegidas, incluyendo Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, para el 1 de agosto de 2026, e involucraba a 505 funcionarios.
Áreas protegidas, un activo estratégico para el país
El comunicado oficial destaca el rol de las áreas protegidas como pilar de la conservación de la naturaleza en Chile, motor del turismo y espacio de encuentro con la naturaleza para millones de personas, mencionando emblemas como los parques nacionales Torres del Paine y Conguillío. Bajo esa premisa, las autoridades plantean que cuidar y fortalecer estos espacios constituye una inversión en bienestar social, identidad nacional y desarrollo futuro del país, lo que, según señalan, exige que el traspaso institucional se ejecute con condiciones reales de funcionamiento y no según un calendario que comprometa su viabilidad.
Una decisión para resguardar la continuidad operativa
Según el comunicado, postergar la fecha de traspaso busca proteger el trabajo de guardaparques y funcionarios, además de garantizar la continuidad operativa del servicio, evitando afectar a quienes desarrollan su labor en terreno. En ese marco, se anunció un cronograma de trabajo que incluye el despliegue de operativos regionales para identificar y resolver necesidades urgentes, la creación de una dirección operativa de traspaso con dedicación exclusiva al proceso, instancias para abordar las inquietudes planteadas por los propios guardaparques, y el refuerzo del trabajo conjunto entre CONAF y SBAP para ajustar y validar los aspectos pendientes antes de la fecha definitiva.
Las autoridades enfatizaron que el compromiso es avanzar con responsabilidad y transparencia, resolviendo las deficiencias detectadas, como condición para consolidar una institucionalidad robusta y con la capacidad operativa necesaria para la gestión de las áreas protegidas del país.
