Por Joaquín Manterola, fundador de Finterra
En pleno 2025, una implementación efectiva de la gestión sostenible se ha convertido en una prioridad para el Estado chileno al momento de planificar sus estrategias y planes anuales. Al menos así lo declara. En cada discurso institucional del sector público, la sostenibilidad aparece como un concepto central.
El sistema de ChileCompra no se queda atrás. Se habla de mayor transparencia y eficiencia en el sistema de compras públicas, transacciones con criterios ESG, implementación de Sello Mujer, cadenas de suministro responsables, mayor participación de proveedores de Empresas de Menor Tamaño; y de la urgencia de transitar hacia un Estado más consciente de su impacto socioambiental. De hecho, en diciembre de 2024 entró a regir la nueva ley de modernización del sistema de compras públicas, donde uno de los ejes principales es la incorporación de un marco legal en relación a la innovación y sostenibilidad.
Sin embargo, hay una verdad incómoda que creo importante mencionar: sin una formación y acompañamiento adecuado de los equipos públicos, la sostenibilidad y la preocupación por nuestras pymes se quedan solo en un mero discurso. La sostenibilidad no solo se decreta; también se gestiona; y para gestionarla se necesita conocimiento, criterio y habilidades.
Sí, el Estado es un impulsor de mejorar las oportunidades para los proveedores pymes y llevar la sostenibilidad al centro; pero para que eso sea duradero en el tiempo hay que derribar áreas grises o, de frentón, oscuras.
¿Y cuáles son?
Hace unos días asistimos a la Expo de Compras Públicas 2025, un evento que reunió a las instituciones del Estado, empresas proveedoras del sistema ChileCompra y autoridades del sector.
Un ambiente grato, que fue acompañado de alentadoras cifras compartidas por Verónica Valle, directora de ChileCompra: durante el año pasado se emitieron más de 2 millones de órdenes de compra, se transaron sobre USD 17 mil millones, y el número de proveedores inscritos y habilitados superó los 100 mil. Datos que reflejan, sin duda, un sistema robusto en volumen y alcance. Pero bajo esa superficie se esconde un desafío estructural difícil de ignorar.
Conversamos con muchos funcionarios del sistema público, y en todas las conversaciones surgió una preocupación común: el proceso de modernización del Estado, ese que se preocupa de llevar la sostenibilidad y a las pymes al siguiente nivel, está avanzando bajo una base frágil. Nos encontramos con equipos poco capacitados, unidades internas descoordinadas y una evidente falta de capacitación y formación continua por parte de ChileCompra que impide enfrentar los cambios que se vienen. Hay una brecha entre lo que se exige y lo que se entrega en términos de preparación.
Además de la sostenibilidad, otro de los focos principales en la nueva ley de modernización del sistema de compras públicas es el de impulsar una mayor participación de las Empresas de Menor Tamaño (EMT), como por ejemplo a través del nuevo monto tope de la Compra Ágil (100 UTM). Sin embargo, no podemos ignorar un tema que sin duda les significa un gran problema y del que no se habló en la Expo de Compras Públicas: la demora en los pagos. De poco sirve invitar a más pymes a participar de este sistema transaccional si después tienen que esperar meses para recibir su plata. Esa realidad solo afecta la sostenibilidad financiera de empresas que quieren, pero no pueden, mantenerse en el ecosistema de compras públicas.
Escuchamos más de una vez que si bien existen capacitaciones, no están dando abasto con la cantidad de dudas que supone esta modernización. Es inevitable preguntarse, ¿cómo puede avanzar este sistema a uno más transparente y eficiente si quienes lo operan (compradores y proveedores) no tienen las herramientas necesarias para que este avance ocurra?
Sabemos que hoy el sistema de compras públicas es un espacio de enormes oportunidades. Pero también de grandes brechas de gestión y transparencia. Y esto no solo perjudica al aparato estatal, sino a miles de pequeñas y medianas empresas que sufren con las consecuencias de esta burocracia. Y para estas trabajamos, las pymes. Porque la consecuencia de esta falta de preparación general abre espacio a errores y, peor aún, erosiona la confianza.
El sistema está mejorando, pero para acelerar esta transformación necesitamos que todos los actores del ecosistema, incluidas las empresas que financian y apoyan a las pymes que venden al Estado, se sumen a impulsar estos cambios. Porque un Estado más moderno necesita también funcionarios más preparados. Y porque hablar de desarrollo sin hablar de capacidades es simplemente, seguir postergando lo urgente.
La voluntad política puede estar, los lineamientos también, pero si la base operativa del Estado no está preparada, lo que se construye termina siendo insostenible desde su origen.
