“Esta modificación permite que el sistema concentre su esfuerzo donde realmente importa: en los proyectos con impactos ambientales relevantes” – Ministra Maisa Rojas.
Una evaluación ambiental más eficiente, moderna y basada en evidencia. Ese es el objetivo de la Fase 2 de modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, en una iniciativa liderada por el Ministerio del Medio Ambiente.
La nueva normativa revisa 19 tipologías de proyectos y actualiza los umbrales de ingreso al SEIA, permitiendo que aquellos proyectos de menor envergadura y sin impactos ambientales relevantes ya no estén obligados a pasar por este proceso, sino que se rijan por normativas sectoriales específicas. De esta forma, el sistema podrá enfocar sus recursos técnicos y humanos en evaluar rigurosamente aquellos proyectos que sí presentan impactos significativos.
Modernización con foco en eficiencia y protección
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que esta modificación es parte de un proceso integral de modernización:
“Es una mejora regulatoria basada en evidencia, que recoge la experiencia acumulada y que moderniza criterios, algunos de ellos vigentes desde 1997”.
Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de criterios diferenciados para las modificaciones de proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Así, solo deberán someterse nuevamente al SEIA si generan nuevos impactos relevantes.
Además, se establece por primera vez un umbral de distancia mínima de 2 kilómetros para las líneas de transmisión eléctrica, alineándose con estándares internacionales. Actualmente, todas las líneas —independiente de su escala— deben ingresar al SEIA, lo que muchas veces genera sobrerregulación y uso ineficiente de recursos.
Un proceso en marcha
Esta Fase 2 se suma a los avances realizados en febrero con la publicación de la Fase 1, que incorporó la variable cambio climático en la evaluación ambiental —en cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático— y fortaleció el acceso a la información y participación ciudadana, alineándose con el Acuerdo de Escazú.
El proceso también avanza en el Congreso, donde se tramita una reforma a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que busca perfeccionar el sistema de evaluación de forma integral.
