Constitución y medio ambiente

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NESTLÉ
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Diego Riveaux Marcet, Seremi del Medio Ambiente RM

Ad portas del inicio del periodo electoral que elegirá a los futuros constituyentes, ya se comienza a vislumbrar algunos de los temas claves para la futura discusión constitucional, como el principio de Subsidiaridad, la Autonomía del Banco Central y la Servicialidad del Estado, entre varios otros. Y en ese sentido, no me cabe ninguna duda que también la temática ambiental y todo lo relacionado a ella (sustentabilidad, recursos naturales, etc.) formarán parte de los debates más relevantes del futuro proceso.

Y para dicha discusión, es muy importante recordar y destacar lo innovador que fue para su época que el actual texto constitucional estableciera de manera inédita en Chile  el “derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, siendo una de las primeras constituciones en el mundo que lo dejara como un derecho garantizado.

Y justamente sobre este derecho es que se fue construyendo toda nuestra institucionalidad ambiental: el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los Tribunales Ambientales. En ese sentido, es precisamente esta institucionalidad la que hoy nos destaca a nivel sudamericano y se nos reconoce a nivel internacional, lo que no obsta que igualmente debamos fortalecerla y actualizarla a los tiempos que corren y a los riesgos ambientales vigentes, tanto a nivel constitucional como legal en general. Es bajo esta premisa que reconocemos que no podemos bajo ningún aspecto partir de cero en su modernización porque sería desmerecer todo el notable avance institucional que ha tenido Chile en esta materia.

Y para dicha actualización y mejora, afortunadamente hoy existe una consonancia -a nivel transversal- de que Chile debe transitar hacia un desarrollo sostenible. Prácticamente todos los chilenos estamos de acuerdo en que hay que cuidar el medio ambiente, y que eso debe quedar reflejado en el nuevo texto constitucional de la mejor manera porque se ha tomado mayor conciencia de la importancia de concebir el desarrollo como algo más que resultados económicos.

Es claro que en la última década se hicieron las cosas de una manera que hoy ya no es viable. Basta ver el positivo efecto que tuvieron el año pasado las cuarentenas decretadas en la Región Metropolitana producto de la pandemia, las que entregaron la mejor calidad del aire desde que se tiene registro en la región, lo cual se explica únicamente por la baja actividad humana que hubo en ese periodo, para ratificar la idea que es el ser humano el responsable en toda su magnitud de la grave crisis ambiental que vivimos.

Sin embargo, aún con la existencia de dicho consenso ambiental, esto no implica que la discusión estará exenta de polémicas y de duros debates sobre cómo establecer de mejor manera el cuidado del medio ambiente y la protección de nuestros recursos naturales. En mi cargo como Seremi del Medio Ambiente he podido conocer en terreno a cientos de personas y agrupaciones de todos los colores políticos que día a día trabajan en la protección del medio ambiente y en educar a las personas sobre el cuidado del planeta. Es esa diversidad de personas la mayor esperanza para saber que lograremos construir un futuro acuerdo, transversal y robusto en materia ambiental, que nos permitirá caminar hacia un desarrollo sostenible resiliente e inclusivo, para lo cual debemos incorporar en la Carta Magna elementos sociales y ambientales que beneficien a las personas y el planeta.

Pero, también es importante advertir que en estos mismos recorridos he conocido a varios que utilizan la excusa medio ambiental como base para sus propios fines políticos, y que en la práctica, en nada tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. A lo anterior, bastaría recordar que el mayor desastre ambiental y de salud de la historia, fue ocasionado en la ciudad de Chernobyl por una empresa estatal. Esperemos que nunca tengamos que lamentar en Chile una crisis de esas dimensiones por intereses personales y de una equivocada valorización de prioridades que trasgredan la equidad en materia ambiental a la hora de escribir nuestra nueva Constitución.

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