Por Francisca Cortés Solari, Fundadora y presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari · Patron of Nature de la UICN.
Chile acaba de dar uno de los pasos institucionales más importantes de las últimas décadas en materia ambiental. La entrada en funcionamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) abre una oportunidad histórica: pasar de un sistema fragmentado a una institucionalidad capaz de proteger de manera integrada la biodiversidad del país.
La ley que crea el SBAP contiene avances que debemos reconocer. Protege genes, especies y ecosistemas, e incorpora además el patrimonio cultural y paisajístico asociado a las áreas protegidas; reconoce los conocimientos y las prácticas tradicionales de las comunidades; promueve su participación en la gestión, y crea categorías como las Áreas de Conservación de Múltiples Usos y las Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas. La dimensión cultural está en la ley. El desafío ahora es que se traduzca en la gestión cotidiana de cada territorio.
Crear un área protegida es un acto jurídico indispensable, pero por sí solo no garantiza una conservación efectiva. El decreto establece un límite; la gestión debe construir todo lo que ocurre dentro de él: conocimiento, capacidades, acuerdos, monitoreo, educación, financiamiento y una relación de confianza con quienes habitan o se vinculan con ese territorio.
Durante mucho tiempo medimos el avance de la conservación principalmente en hectáreas. Esa métrica sigue siendo necesaria, sobre todo frente al compromiso global de proteger al menos el 30% del planeta a 2030, pero sabemos que no basta. Dos áreas protegidas de igual superficie pueden mostrar resultados completamente distintos según su nivel de manejo, su financiamiento, la información científica disponible y la relación que mantengan con las comunidades. La pregunta que viene es más exigente: cuánto territorio protegemos y, sobre todo, qué tan bien lo conservamos.
El momento para plantearla es ahora, cuando el SBAP inicia su operación y se definen los reglamentos que orientarán el Sistema Nacional de Áreas Protegidas durante las próximas décadas. Las decisiones de esta etapa determinarán si los principios que la ley reconoce se convierten en capacidades reales de gestión.
Después de veinticinco años trabajando en educación integral, ciencia y conservación de la biodiversidad, he aprendido que un territorio no puede abordarse de manera fragmentada. Un ecosistema no se agota en sus especies, cursos de agua y procesos ecológicos: está atravesado también por conocimientos, historias, prácticas productivas, memorias y formas de relacionarse con la naturaleza.
Esta mirada nace de una convicción que ha orientado el trabajo de nuestras fundaciones: así como el ser humano constituye una unidad de cuerpo, emoción, mente y espíritu, un territorio debe comprenderse como un sistema vivo, cuyas distintas dimensiones están profundamente vinculadas. De esa comprensión surgió nuestro Mapa de Desarrollo Humano y, más tarde, el Modelo de Conservación Efectiva, su expresión territorial.
El modelo articula cuatro dimensiones. La ambiental aporta conocimiento científico y orienta la protección de especies y ecosistemas; la social vincula a las comunidades con los procesos de conservación; la cultural pone en valor los saberes, tradiciones, oficios y memorias del territorio, y la económica busca generar condiciones para sostener la conservación y el desarrollo local en el tiempo. Nada de esto relativiza los objetivos ecológicos ni abre la puerta a actividades incompatibles con la conservación: la protección de la biodiversidad será más sólida cuando la ciencia, el conocimiento local, la participación comunitaria y la economía trabajen juntas, con responsabilidades y límites claros.
Lo hemos comprobado en tres territorios muy diferentes: la Reserva Elemental Puribeter, en el desierto de Atacama; la Reserva Elemental Likandes, en la precordillera de la zona central, y la Reserva Elemental Melimoyu, en la Patagonia Norte. En cada uno hay ecosistemas, amenazas, identidades y comunidades distintas, y esa experiencia nos ha enseñado que no existe una fórmula única: las soluciones responden a la singularidad ecológica, social, cultural y económica de cada lugar.
Chile tiene la oportunidad de convertir esta mirada en gestión pública concreta. Los planes de manejo podrían incorporar, junto a los indicadores ecológicos, otros que den cuenta de la participación efectiva de las comunidades, la continuidad de las prácticas compatibles con la conservación, la valoración de los conocimientos locales y la contribución de las áreas protegidas al bienestar y a la identidad del territorio. Incorporarlos no reemplaza la ciencia ni rebaja el estándar ambiental: amplía la información con la que tomamos decisiones. Lo que no se mide difícilmente se prioriza, y lo que no se financia termina en buenas intenciones.
El SBAP no puede cargar solo con la tarea de conservar. La magnitud de la triple crisis -cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación- exige una alianza amplia: al Estado le corresponde conducir y garantizar; a la ciencia, entregar evidencia; a las comunidades, participar desde su experiencia y sus derechos. El sector privado debe comprender su dependencia de los ecosistemas, y la filantropía puede aportar innovación, asumir riesgos y desarrollar soluciones capaces de escalar.
Chile ya creó la nueva institucionalidad. Ahora viene la etapa menos visible y quizás la más decisiva: demostrar que podemos convertir la protección legal en conservación efectiva. Conservar más sigue siendo urgente. Conservar mejor es lo que hará la diferencia.
