Por Valentina Jorquera, coordinadora e investigadora del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo
La política habitacional chilena se fundamentó en la producción de propietarios como objetivo explícito. Por eso era esperable que, al envejecer, la mayoría de las generaciones mayores actuales cuenten con alguna riqueza habitacional acumulada. Ese objetivo se cumplió en gran medida: hoy el 75,4% de los hogares encabezados por personas de 60 años o más habitan una vivienda propia, muy por sobre otros grupos etarios.
Pero este promedio oculta una realidad emergente que la política pública aún no reconoce: un grupo creciente de personas mayores envejece sin acceso a la propiedad y enfrenta un sistema con escasas respuestas. Son “demasiado” mayores para acceder a crédito hipotecario y, a la vez, sus ingresos resultan insuficientes para sostener un arriendo formal en un mercado volátil.
Los datos confirman que esto ya no es excepcional. Según el informe del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, la tasa de propiedad entre mayores cayó del 86,4% en 2006 al 75,4% en 2024; la tenencia informal subió de 9,3% a 15,2%, y la asequibilidad habitacional, es decir, destinar más del 30% del ingreso a la vivienda, casi se duplicó, pasando de 2,8% a 5,3% entre 2011 y 2024.
La transformación es estructural: no todas las personas alcanzan la vejez con vivienda propia. Algunas nunca lograron acceder a ella; otras la perdieron por crisis, separaciones o conflictos hereditarios y un número creciente reside en viviendas cedidas por familiares, donde la permanencia depende de vínculos personales y no de derechos. Su seguridad residencial es más precaria de lo que muestran las cifras agregadas. En la práctica, esto se asocia a mayores niveles de dependencia de terceros y una menor capacidad para planificar la permanencia en el lugar donde se envejece.
Preocupa que la política habitacional continúe estructurada sobre instrumentos que, para una proporción creciente de personas mayores, ya no constituyen una alternativa efectiva. Su diseño responde principalmente a las etapas activas del curso de vida, cuando existe capacidad de ahorro, acceso al crédito o posibilidades de consolidar patrimonio habitacional. En consecuencia, ofrecen una capacidad limitada para responder a quienes llegan a la vejez sin vivienda propia o con formas de tenencia más precarias y sin posibilidades reales de revertir esa situación.
El acceso a un crédito hipotecario prácticamente desaparece tras los 60 años, y el Subsidio de Arriendo para Personas Mayores, aunque financia entre el 90% y el 95% del valor mensual, depende de llamados concursables y cupos limitados: es un apoyo que no se ha institucionalizado como una respuesta permanente. El Programa de Viviendas y Apoyos para Personas Mayores apenas cubre 1.600 personas a nivel nacional, lejos de la demanda potencial.
Esto obliga a replantear el foco del debate: el desafío ya no es solo promover la propiedad, sino garantizar la seguridad residencial cuando ésta dejó de ser viable para una proporción creciente de personas mayores. Se requieren instrumentos permanentes de arriendo protegido, soluciones para la tenencia informal y explorar nuevos modelos para ampliar la oferta habitacional.
La urgencia trasciende el presente: entre los 18 y 44 años el arriendo ya es la tendencia predominante, lo que anticipa futuras cohortes de este segmento etario con niveles de propiedad muy inferiores a los actuales. El grupo, hoy oculto tras la mayoría propietaria, dejará de ser una excepción. Reconocerlo a tiempo es lo que separa anticipar una política de administrar una crisis, en un escenario donde cada vez más personas enfrentarán la vejez sin una vivienda propia, por ser “demasiado” mayores para comprar y con ingresos insuficientes para arrendar.
