En el marco de la consulta ciudadana sobre la Política de Compra Pública de Innovación 2027-2028, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) propuso facilitar el paso desde los pilotos hacia contratos, reducir barreras de entrada y generar condiciones para escalar soluciones que demuestren resultados.
Cada año se transan más de US$20 mil millones a través de Mercado Público, mediante cerca de dos millones de órdenes de compra, según cifras de ChileCompra.
La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) planteó que la nueva Política de Compra Pública de Innovación (CPI) puede abrir una oportunidad para que startups y empresas tecnológicas de menor tamaño accedan al Estado como cliente y desarrollen soluciones para problemas concretos del sector público.
La propuesta se enmarca en la consulta ciudadana sobre la Política de Compra Pública de Innovación 2027-2028, abierta por ChileCompra entre el 2 y el 26 de septiembre. El proceso busca recoger observaciones de organismos públicos, proveedores, academia y otros actores del ecosistema antes de definir la nueva política.
Para ACTI, el potencial del instrumento dependerá de que existan mecanismos para que las empresas avancen desde las etapas de prueba y validación a contratos de mayor escala, y de condiciones de participación que no excluyan a compañías por su tamaño o trayectoria cuando cuentan con una solución pertinente.
“Chile tiene startups, empresas tecnológicas y universidades capaces de desarrollar soluciones para necesidades muy específicas del Estado. La Compra Pública de Innovación abre una vía para que esas capacidades encuentren una demanda concreta. Para que eso ocurra, es importante reducir barreras de entrada, facilitar el tránsito desde los pilotos hacia la contratación y generar condiciones para que una solución que demuestra resultados pueda crecer y ser utilizada por otras instituciones”, señaló Luz María García, gerenta general de ACTI.
La política en consulta contempla lineamientos para fortalecer capacidades dentro de las instituciones públicas, mejorar la articulación con empresas y otros actores, financiar iniciativas innovadoras y hacer seguimiento de sus resultados. La Compra Pública de Innovación forma parte de la modernización introducida por la Ley N° 21.634 y busca usar la demanda del Estado para impulsar soluciones frente a desafíos públicos.
Primero el problema, después la solución
La principal diferencia con una compra tradicional está en el punto de partida. En determinados procesos, la institución define el problema que busca resolver y son los proveedores quienes proponen alternativas tecnológicas que no necesariamente estaban definidas de antemano.
Para eso, la normativa incorpora dos procedimientos especiales. Los Contratos para la Innovación apuntan a necesidades para las que no existe una solución disponible o suficientemente desarrollada en el mercado, y pueden incluir investigación, desarrollo y prototipos. Los Diálogos Competitivos de Innovación permiten que una institución converse con proveedores preseleccionados para precisar la mejor solución frente a una necesidad pública compleja.
“Plantear primero el problema amplía las posibilidades de encontrar una mejor respuesta. Para una startup es especialmente relevante, porque permite competir por la capacidad de resolver una necesidad concreta y no únicamente por ajustarse a especificaciones técnicas previamente definidas”, agregó García.
Qué pasa después del piloto
Para ACTI, la implementación de la política debería considerar qué ocurre después de las pruebas iniciales. Los pilotos permiten verificar el funcionamiento y los resultados de una tecnología, pero para generar impacto se requieren mecanismos que den continuidad a las soluciones que demuestran efectividad y faciliten su adopción a mayor escala.
El sector salud ofrece una experiencia reciente. En 2025, la segunda versión del programa “Juégatela por la Innovación e Impulsa el Cambio en Salud”, impulsado por CENS y Pro Salud Chile con apoyo de Corfo y el Ministerio de Salud, vinculó a 15 instituciones de salud que presentaron 16 desafíos con 16 empresas y startups que propusieron soluciones tecnológicas. Los proyectos avanzaron luego hacia etapas de pilotaje y validación en entornos reales.
“Experiencias como esta muestran que existe capacidad para conectar problemas públicos con soluciones desarrolladas desde el ecosistema tecnológico. El siguiente paso es que los pilotos exitosos tengan una ruta que les permita avanzar. Si logramos conectar innovación, validación, contratación y escalamiento, la compra pública puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar los servicios del Estado y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de la industria tecnológica nacional”, concluyó García.
