Por Gino Sturla, Académico College UC y Escuela de Ingeniería.
Las recientes inundaciones en las regiones de Atacama y Coquimbo sorprendieron a un territorio acostumbrado a convivir con la escasez de agua. Las intensas precipitaciones desbordaron ríos, destruyeron caminos, aislaron localidades y afectaron a miles de personas. Paradójicamente, la emergencia no fue consecuencia de la falta de agua, sino de su exceso.
Durante décadas hemos asociado el norte de Chile con la sequía. Sin embargo, el cambio climático está modificando esta realidad. Las recientes precipitaciones batieron récords históricos en la Región de Coquimbo y en la provincia del Huasco, mostrando que los eventos extremos pueden superar lo que hasta ahora conocíamos. En otras palabras, fenómenos que antes parecían excepcionales comienzan a formar parte de nuestra realidad. En este contexto, planificar utilizando únicamente los registros del pasado resulta cada vez menos suficiente.
Frente a estos eventos, la respuesta suele centrarse en construir más infraestructura: embalses, defensas fluviales, canales o sistemas de aguas lluvias. Todas estas obras son necesarias y seguirán siéndolo. Sin embargo, existe otra infraestructura que también contribuye a reducir el riesgo y que con frecuencia pasa inadvertida: el capital natural.
Bosques, humedales, suelos, vegas y la vegetación de las cuencas constituyen una infraestructura natural. Estos ecosistemas absorben parte de las precipitaciones, favorecen la infiltración del agua, ralentizan la escorrentía y reducen las crecidas de los ríos. Cuando se degradan, una mayor proporción del agua escurre rápidamente hacia los cauces, aumentando el riesgo de inundaciones y la vulnerabilidad de las comunidades.
La infraestructura seguirá siendo indispensable para enfrentar inundaciones y otros eventos hidrológicos extremos, pero por sí sola no basta. La capacidad de un territorio para responder a estos eventos depende también del estado de las cuencas que lo sustentan.
Por ello, el capital natural debe dejar de ser considerado únicamente como un activo ambiental y pasar a formar parte de las decisiones de política pública, tal como lo ha promovido el Comité de Capital Natural en Chile. Así como evaluamos la conveniencia de construir un embalse, un puente o un sistema de drenaje, también debiéramos incorporar el valor que aportan los ecosistemas en la reducción del riesgo de inundaciones y en la provisión de múltiples beneficios para la sociedad, entre ellos la regulación hídrica, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y los espacios para la recreación y el bienestar.
La restauración y el cuidado del capital natural son, en muchos casos, inversiones socialmente rentables. El problema es que esos beneficios rara vez se incorporan de manera explícita en la toma de decisiones. Cuando se consideran en la evaluación de proyectos, muchas iniciativas de conservación y restauración generan beneficios para la sociedad que superan ampliamente sus costos. En un escenario de cambio climático, conservar y restaurar el capital natural deja de ser únicamente una política ambiental. Es también una política de desarrollo, de gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático.
