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Viernes, Agosto 12, 2022

Investigadores de la UACH presentan información critica para la protección efectiva del maritorio de Parques y Reservas Nacionales

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Con el fin de aportar al reconocimiento y protección efectiva de los ecosistemas costero-marinos de la Patagonia chilena, el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile hizo entrega de una importante información científica y técnica a los miembros del Comité Nacional de Áreas Protegidas del Estado (CNAP).

Se trata de información que documenta los límites de la porción marina de siete Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASP) de la Patagonia chilena, que en la práctica no han sido consideradas en la institucionalidad ambiental y política pública referente a la gestión de áreas protegidas.

“Esperamos que esta información sea revisada y analizada en el marco de las facultades de cada institución pública que conforma el CNAP y del trabajo coordinado del mismo, para que se valorice esta porción de maritorio que tiene características naturales y culturales únicas en nuestro planeta, y se desplieguen los esfuerzos interinstitucionales necesarios para su conservación, apoyando el trabajo que ha venido realizando la CONAF en esta materia”, señaló César Guala, director del Programa Austral Patagonia de la UACH.

Tras analizar la cartografía, los decretos de cada área y los dictámenes de la Contraloría Nacional de la República, investigadores de este Programa evaluaron los límites de ocho Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASP) ubicadas en la Patagonia chilena, y estimaron que la porción marina-costera de siete de ellas suma, por lo menos, 6,3 millones de hectáreas distribuidas entre las reservas nacionales Kawésqar, Las Guaitecas y Katalalixar, y los parques nacionales Bernardo O´Higgins, Alberto de Agostini, Laguna San Rafael e Isla Magdalena. A ellas debe sumársele la porción marino-costera del Parque Nacional Cabo de Hornos, cuyos límites aparecen en su decreto oficial de creación, pero no se condicen con el mapa oficial. Respecto a esto último cabe mencionar que la oficina regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Magallanes y la Fundación Omora están trabajando para clarificar los límites y dimensiones de este parque. 

La información compartida con el CNAP, asimismo, da cuenta que la porción marina perteneciente a estas ASP no ha sido considerada directamente en políticas públicas del país, como en las metas AICHI, o en catastros oficiales del Estado como los del MMA o SUBPESCA, excluyéndose, por lo tanto, de los esfuerzos y presupuestos de gestión y protección costero-marino.

“Entendemos que las dificultades geográficas y la diversidad de actores que convergen en la administración y supervigilancia del maritorio en nuestro país, han dificultado la gestión y protección de la porción marina de las áreas protegidas” agregó Guala, señalando además que “por lo mismo, hace unos años decidimos tratar de contribuir con la investigación y análisis de estas áreas, y colaborar con la CONAF en los esfuerzos que han hecho por administrar la zona marino-costera de las Áreas Silvestres Protegidas, aun cuando no tienen los recursos y capacidades técnicas y logísticas para ello”.  

La protección efectiva de las 6,3 millones de hectáreas de ecosistemas costero-marino se ha vuelto critica a ojos de los especialistas, ya que han estado expuesto a distintos factores que amenazan su integridad ecológica y conservación. Uno de ellos es la acuicultura intensiva, en particular la salmonicultura: hay, en total, 411 concesiones de acuicultura dentro de las áreas protegida del Estado, y 134 nuevas concesiones en trámite. Solo en lo referido a parques nacionales, al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini existen 19 concesiones de salmonicultura, 3 en el Parque Nacional Laguna San Rafael y 4 en Parque Nacional Isla Magdalena. Esto, a pesar de que la ley prohíbe explícitamente la acuicultura dentro de esta figura de conservación, señalan desde la UACH.

“Esperamos que esta información sea considerada por los ministerios y servicios del Estado para avanzar hacia la coordinación interinstitucional de las entidades con atribuciones en el área costero-marino y, en particular, que la Unidad de Catastro de Bienes Nacionales regularice los límites de estas áreas protegidas. Esto no sólo es indispensable para apoyar la labor de la CONAF en la administración de estas áreas, sino también para lograr la protección efectiva del maritorio de la Patagonia chilena”, sostuvo por su parte Aldo Farías, investigador y coordinador ejecutivo del Programa Austral Patagonia.  

Cabe recordar que el Comité Nacional de Áreas Protegidas se creó en 2014 con el objetivo de impulsar el Plan de Acción de Áreas Protegidas liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, para avanzar en la creación y consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que permita cerrar las brechas relacionadas a la protección oficial y efectiva de muestras representativas de los ecosistemas terrestres y marinos de Chile. El CNAP está integrado por representantes del Ministerio de Bienes Nacionales; la Corporación Nacional Forestal; la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; el Consejo de Monumentos Nacionales; la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, coordinados por el Ministerio del Medio Ambiente. Todos ellos recibieron una copia del estudio técnico denominado “Análisis de la Cobertura Marina en Áreas Silvestres Protegidas en Patagonia”, con su correspondiente información cartográfica, y del informe científico “Protección Costera-Marina en la Patagonia: Situación Presente, Avances y Desafíos”, publicado en el libro “Conservación en la Patagonia Chilena: Evaluación del Conocimiento, Oportunidades y Desafíos” en noviembre del año pasado.

Estos informes complementan el trabajo colectivo del Grupo Patagonia Mar y Tierra, compuesto por organizaciones que, junto CONAF, promueven la gestión efectiva de los parques nacionales y la protección de los ecosistemas de la Patagonia chilena.

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