Criterios iguales en todo el país, plazos que se cumplan y fiscalización oportuna. Así define José Ignacio Vial la agenda de permisos del gobierno, en una conversación con El Club de la Sustentabilidad donde también abordó el retiro de decretos y la crisis de los residuos.

Una empresa que presenta un proyecto en Atacama debería recibir las mismas preguntas que si lo presentara en Antofagasta. Hoy eso no siempre ocurre, y para el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, ahí está buena parte del problema de la permisología.

En El Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable, la autoridad sostuvo que a la evaluación ambiental se le achacan injustamente las demoras. El procedimiento, dijo, está reglado y tiene plazos claros. Lo que lo complejiza son muchas veces las observaciones de otros servicios, sobre todo cuando no hay criterios claros y en una región se opina distinto que en otra.

“Cuando hablamos de agilizar, hablamos de dar certeza”, explicó. Eso significa criterios homogéneos en todo el país, respetando las particularidades de cada región, y que los titulares sepan a qué atenerse, sin observaciones nuevas que respondan al capricho de un funcionario. “No vamos a estar en cada proyecto inventando la rueda”, agregó.

La exigencia también corre para los privados. Vial pidió que las empresas lleguen con proyectos robustos y que no apuesten a mejorarlos durante la evaluación.

Plazos y fiscalización

El subsecretario apuntó además al propio Estado. “Pareciera que para las administraciones es indiferente cumplir o no con los plazos”, dijo, y puso como ejemplo lo que ocurre con el Comité de Ministros. El llamado de este gobierno, afirmó, es que los plazos se cumplan.

A quienes temen que agilizar signifique menos protección, les respondió: “Nosotros nunca vamos a bajar los estándares”. Y anticipó que la misma oportunidad que se ofrecerá en la evaluación se exigirá después en la fiscalización del cumplimiento de la normativa y de los compromisos adoptados por los titulares.

¿Tiene Chile demasiados permisos ambientales? Para Vial, la resolución de calificación ambiental es un permiso adecuado y suficiente, con una lógica similar a la que se usa en Europa. El problema aparece cuando se suman permisos sectoriales que abordan un mismo elemento y no conversan entre sí. “La discusión, más que la cantidad de permisos, es la profundidad y cómo los aplicamos”, señaló.

Sobre la tensión entre crecimiento y protección ambiental, sostuvo que “la dicotomía es un poco falsa”, porque el país optó hace tiempo por un desarrollo sustentable y cuenta con una institucionalidad para garantizarlo: evaluación, superintendencia y tribunales ambientales.

El retiro de los decretos

Vial se refirió también al retiro de decretos al inicio del gobierno, que generó revuelo. Lo calificó como “una decisión de responsabilidad”, porque no podían empujar normas sin haberlas revisado. Según explicó, se han ido reingresando a medida que no presentan problemas, aunque en varios encontraron materias que debían ajustarse.

Precisó que muchos eran actualizaciones de normas que siguen vigentes, por lo que los estándares actuales se mantienen. Como ejemplo del riesgo de una norma mal fundada citó el decreto de metas de recolección para aceites lubricantes, que la justicia ambiental dejó sin efecto por falta de motivación suficiente. “Termina siendo más largo el camino”, dijo.

Residuos: “Una bomba de tiempo”

Fuera de los permisos, el subsecretario puso la crisis de los residuos como el primer problema ambiental del país. Recordó el caso de Ancud, que tras el cierre del vertedero de Puntra tuvo que trasladar su basura a Los Ángeles, a 500 kilómetros. Seis años después, la situación en Chiloé sigue prácticamente igual.

“Esto es una bomba de tiempo”, advirtió. El problema ya asoma en Magallanes, Los Ríos, Los Lagos, Coquimbo y Arica, con rellenos sanitarios cerca del fin de su vida útil. La subsecretaría trabaja el tema con Subdere, Salud, Bienes Nacionales, gobiernos regionales y municipios.

En reciclaje, la Ley REP sigue en implementación a diez años de su promulgación. Ya rigen los decretos de neumáticos y de envases y embalajes, que entran a revisión, se sumaron pilas y aparatos electrónicos, y se trabaja en baterías. La mayor brecha está en los residuos domiciliarios, las zonas extremas e insulares y el mundo rural.

Mil funcionarios más

El segundo desafío es la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Hoy toda la institucionalidad ambiental suma alrededor de mil funcionarios y el nuevo servicio incorporará mil más. “Me gustaría, al final de los cuatro años, mirar hacia atrás y decir: lo implementamos bien, tenemos mejores parques nacionales”, señaló.

El tercero es la reforma institucional: el proyecto que modifica la Superintendencia del Medio Ambiente, los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y ajustes a los tribunales ambientales. Vial destacó que parte de ese trabajo viene de la administración anterior.

Un glaciar que ya no existe

El ecosistema que más le preocupa es la montaña. Vial, montañista, contó que en la universidad aprendió rescate en grietas sobre un glaciar que desapareció en menos de 20 años. Mencionó también las turberas, afectadas por la extracción ilegal de pompón.

¿La buena noticia que casi nadie mira? El Artículo 6 del Acuerdo de París. Según el subsecretario, Chile se ha vuelto un referente y su institucionalidad atrae financiamiento internacional para proyectos de infraestructura verde en el país.