Por Benjamín Carvajal, director ejecutivo de la ONG Uno Punto Cinco
Cada año, el cambio climático deja de parecer una amenaza lejana para convertirse en una realidad que condiciona nuestra vida cotidiana. Sequías prolongadas, olas de calor, incendios forestales y eventos extremos nos recuerdan que enfrentar esta crisis no puede seguir siendo una promesa para el futuro. La pregunta ya no es si debemos actuar, sino qué tan rápido estamos dispuestos a hacerlo.
Este 24 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, la proximidad de la COP31, que se realizará en noviembre en Antalya, Turquía, nos ofrece una oportunidad para mirar con sentido crítico el camino recorrido. Después de tres décadas de negociaciones climáticas, el mundo cuenta con acuerdos, metas y soluciones tecnológicas. Sin embargo, el desafío sigue siendo convertir esa voluntad en transformaciones concretas y medibles.
La próxima conferencia debe ser mucho más que una nueva instancia para renovar declaraciones. El reto está en acelerar la implementación de los compromisos asumidos, especialmente en la reducción de emisiones, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el financiamiento que necesitan los países para avanzar en esta transición. Sin recursos suficientes y mecanismos que permitan evaluar los avances, las metas corren el riesgo de quedarse en el papel.
Para Chile, esta discusión tiene implicancias directas. Nuestra vulnerabilidad frente a la escasez hídrica, los incendios y otros efectos del calentamiento global exige fortalecer la adaptación, pero también actuar sobre las causas del problema. Contamos con condiciones favorables para desarrollar energías renovables y avanzar en la electrificación del transporte, la industria y los hogares. Aprovechar ese potencial permitiría reducir emisiones y, al mismo tiempo, disminuir la dependencia de combustibles importados.
Pero una transición energética no se mide únicamente por la capacidad instalada de generación limpia. También importa cuánto de esa energía logramos utilizar, qué sectores siguen dependiendo de fuentes contaminantes y si los beneficios llegan efectivamente a las personas. Para avanzar, necesitamos políticas públicas consistentes, inversión, infraestructura y señales claras que permitan sostener los cambios en el tiempo.
La dimensión social tampoco puede quedar al margen. Los costos de la transición no deben recaer sobre quienes tienen menos herramientas para adaptarse. Facilitar el acceso a tecnologías limpias, mejorar la eficiencia energética de las viviendas y acompañar a los trabajadores y comunidades vinculados a actividades intensivas en emisiones son condiciones necesarias para que este proceso sea justo y duradero.
La COP31 tendrá que demostrar que la cooperación internacional sigue siendo capaz de responder a un problema que ningún país puede resolver por sí solo. Y Chile debe llegar a esa conversación con una posición ambiciosa, pero también con avances propios que respalden sus compromisos.
En este Día Internacional contra el Cambio Climático, la antesala de la conferencia debe servir para elevar las expectativas, no para acostumbrarnos a las promesas incumplidas. El éxito de una cumbre no se define por sus discursos ni por la cantidad de acuerdos anunciados, sino por las decisiones que logra impulsar y los cambios que se sostienen después. El tiempo para actuar sigue abierto, pero cada año de demora hace más difícil y costoso el camino.
