Por Juan Fontaine Correa, fundador y CEO de Accionet
Hay una pregunta que aparece cada vez con más frecuencia en los directorios de las grandes empresas que operan en Chile: “¿Cuánto vale, en cifras concretas, lo que hacemos en los territorios?” La respuesta casi siempre es la misma: “No lo sabemos ni podemos cuantificar con precisión”. Y esa incertidumbre tiene un costo que va mucho más allá de un ítem en el presupuesto.
Chile es un país de territorios complejos. La minería en el norte, la industria forestal en el sur o los proyectos energéticos en zonas costeras conviven con comunidades que tienen historia, demandas e identidad propias. Las empresas invierten millones en programas de relacionamiento comunitario e iniciativas ESG, pero es difícil rendir cuenta de ese impacto en los estados financieros. Los datos existen, pero están dispersos, fragmentados, o enterrados en un sistema que hace prácticamente imposible verlos, entenderlos o actuar sobre ellos a tiempo.
En el mundo empresarial chileno existe una suerte de contrato implícito con los territorios: si operas en una comunidad, tienes la obligación de cuidarla. Sin embargo, muchas empresas todavía gestionan ese relacionamiento desde la reactividad, actuando cuando hay conflicto, o invirtiendo cuando hay presión.
La toma de decisiones basada en datos no es un concepto nuevo en el mundo empresarial. Las empresas llevan décadas midiendo producción, costos y mercados. Pero cuando se trata del territorio, del impacto ambiental de sus operaciones o de la percepción de las comunidades, la brecha sigue siendo enorme. Los datos existen, pero sin integración ni análisis es difícil hablar de una estrategia coherente.
El desafío ahora es convertir esa información en indicadores estratégicos para mejorar la toma de decisiones. Y esta necesidad no es exclusiva del mundo privado, también involucra a municipalidades y gobiernos regionales que administran territorios con recursos escasos y demandas crecientes.
Lo que necesitan las empresas, gobierno y comunidades es un puente entre la información que se genera en los territorios y las decisiones que los afectan. Una herramienta que consolide datos dispersos en visualizaciones que cualquier gerente o alcalde pueda leer y entender de un vistazo. Por ejemplo, el monitoreo ambiental fragmentado puede convertirse en alertas anticipatorias, o la percepción comunitaria en indicadores que lleguen a tiempo para quienes pueden actuar sobre ellos. La tecnología para poder hacer todo esto existe y ya no es exclusiva de los grandes centros tecnológicos del mundo. Chile tiene la capacidad de generar soluciones diseñadas para su propia realidad: territorios complejos, brechas digitales, comunidades con culturas y necesidades distintas.
El territorio habla todo el tiempo a través de sus variables medioambientales, sociales y comunitarias. El desafío es integrar esas múltiples fuentes de información para generar métricas claras sobre cómo ciudadanos y grupos de interés perciben la gestión de proyectos e iniciativas. Esos datos pueden transformarse en información clave para los directivos y ofrecer una visión mucho más concreta de cómo está funcionando la inversión social. Las organizaciones que lo logren no solo reducirán riesgos y mejorarán su reputación; también podrán construir relaciones de confianza reales con los territorios donde operan. Porque los territorios siempre hablan. La tarea pendiente es aprender a leer lo que dicen y actuar a tiempo.
