Los inversionistas internacionales están listos para financiar la gran cantidad de inversión en descarbonización que deben realizar el Gobierno de Chile y las empresas del sector privado si el país quiere alcanzar sus ambiciones declaradas de ser cero emisiones netas para 2050, pero estas entidades están tardando en desarrollar los planes de inversión necesarios.
Esta es una de las conclusiones clave de un informe de Janus Henderson, que analiza el tamaño total del mercado mundial de 1 billón de dólares en emisiones climáticas – incluyendo bonos verdes e instrumentos sostenibles.
Los hallazgos sugieren que la lentitud de los factores del lado de la oferta es la razón por la cual los países latinoamericanos están rezagados con respecto a otros mercados en términos de financiamiento de sus compromisos de descarbonización de la COP26. Solo 45.000 millones de dólares de los 1 billón de dólares emitidos por los mercados internacionales de capital han provenido de América Latina, y específicamente se compone de:
- Bonos verdes 26.000 millones de dólares
- Energía renovable y financiamiento climático 17.000 millones de dólares
- Bonos de sostenibilidad: 2.800 millones de dólares
“Las limitadas ambiciones políticas y la falta de financiamiento del sector privado han frenado el progreso más rápido en la descarbonización en América Latina”, dice Jennifer James, gerente de Cartera de Deuda de Mercados Emergentes de Janus Henderson. “La cuestión no es de la demanda, sino de la oferta – hay pocos países de América Latina que hayan emitido cantidades significativas de deuda en moneda dura y sostenible. Incluso Chile, que ha sido uno de los pocos emisores activos en este espacio de renta fija, no se ha acercado a los volúmenes de financiamiento de deuda que podrían recaudarse para la amplia gama de proyectos que se necesitarán implementar si el país quiere cumplir su objetivo cero neto.
A pesar de ser el principal emisor de la región – con 9.000 millones de dólares en bonos en circulación– la escala del financiamiento verde de Chile es pequeña dado el tamaño del país y su papel en la producción de las materias primas que son vitales para la electrificación de los países que se requerirán para cumplir con las promesas de carbono del mundo hechas en la COP26.
Brasil es el segundo mayor emisor de esos bonos, con 8.700 millones de dólares.
Sin embargo, el informe también muestra que la región es un caso atípico positivo en otras cuestiones de clima. La región tiene un porcentaje significativo de energía renovable del consumo total de energía final en varios países grandes y densamente poblados – impulsado principalmente por la generación de energía hidroeléctrica.
En Chile, la falta de generación de energía hidrológica significa que históricamente el país ha tenido niveles relativamente bajos de fuentes renovables de energía dentro de la red nacional en un 25,5%, pero esa proporción ha aumentado rápidamente en los últimos años. Chile también es un proveedor clave de materias primas para otros países, tanto dentro como fuera de la región, que son vitales para que estos países alcancen sus compromisos COP26 de reducir las emisiones de carbono.
Paul LaCoursiere, director global de Inversiones ESG en Janus Henderson, dice que los inversores internacionales están dispuestos a invertir en nuevos proyectos energéticos para aumentar aún más esa proporción: ” ‘La bancabilidad’ de los proyectos es un tema que debe abordarse y, aunque varios proyectos a gran escala están ahora en marcha en países como Chile y Colombia, el conjunto de proyectos invertibles sigue siendo limitado, por ahora, en relación con otras regiones del mundo, particularmente en Asia.”
LaCoursiere agrega que los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de emitir nuevos bonos verdes y de sostenibilidad, crear nuevos puntos de referencia y permitir que la emisión corporativa venga y aproveche las nuevas bolsas de liquidez de los inversores que ahora están disponibles para productos de renta fija relacionados con ESG.
“Cuando se trata de financiar las iniciativas de descarbonización, creemos que los gobiernos tienen un papel importante que desempeñar; los países pueden endeudarse a niveles más bajos y ayudar a establecer una tasa de referencia para otras entidades”, dice LaCoursiere.
Agrega que los mayores costos que pueden derivarse de la innovación en renta fija, como la prima del acuerdo (o ‘greenium’) y los costos de cumplimiento adicionales al informar sobre el progreso en relación con cualquier objetivo incluido en los convenios de un bono, pueden hacer que los emisores potenciales del sector privado desconfíen de ser el primero en emitir dichos bonos. Las entidades públicas o mixtas deberían, por lo tanto, desempeñar el papel fundamental de crear modelos de mercado y educar a inversores y emisores por igual.
“En algunos casos, los líderes de pérdidas pueden necesitar ser introducidos primero para ayudar a ‘abrir el camino’ en iniciativas clave que son verdaderamente innovadoras”, dice LaCoursiere. “En esta etapa inicial, creemos que la renta fija puede tener un papel limitado en la financiación de la innovación, pero cuando las tecnologías y los esfuerzos locales están más avanzados, la renta fija puede ciertamente salvar la brecha de financiación”.
LaCoursiere añade que una mejor coordinación de las políticas reguladoras y fiscales nacionales a nivel regional facilitaría a los inversores internacionales la capacidad de ingresar en las obligaciones del mercado local y, por lo tanto, aumentaría la liquidez para estas transacciones.
