La jurisdicción ambiental chilena posee “importantes carencias y fallas” que deben ser actualizadas a la brevedad, afirmó la recién designada ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sobre la modernización impulsada por el gobierno en materia de prevención, cuidado y conservación del ecosistema.
Schmidt, nombrada ministra hace un par de semanas en reemplazo de Marcela Cubillos, se entrevistó con el Diario Sustentable y aseguró que el marco legal chileno en materia ambiental necesita “responder a los cambios y necesidades del siglo XXI y el futuro”.
El gobierno ingresó al Parlamento en julio pasado un proyecto de ley que refuerza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un instrumento que permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y ejecución de iniciativas que se realicen a lo largo del país.
Esta propuesta, que se debate actualmente en el Congreso, pretende optimizar tiempos de revisión e incentivar la participación ciudadana, especialmente en las regiones, mediante un proceso de consulta anticipada de los proyectos que llegarán a ser discutidos en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Sobre este asunto, Schmidt destacó que el actual modelo de evaluación de impacto ambiental es reconocido en el extranjero y busca ser “replicado en otros países como Argentina”, sin embargo el gobierno “quiere ir más allá y modernizar la institucionalidad para ser pioneros en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable”, dijo.
Valoró en esta línea la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que se discute en el Senado desde 2014 y vendría a ser el único ente faltante de la reforma ambiental, con la función de poner al cuidado de un solo organismo todas las áreas protegidas por el Estado.
“El presidente Sebastián Piñera nos ha instruido para seguir adelante en este proceso”, sostuvo la ingeniera comercial y empresaria, respecto de este último proyecto de ley que se sitúa en 2010 y que solo el año anterior obtuvo alrededor de mil indicaciones.
Habló además de una ley marco para el cambio climático, que enfrente los desafíos del futuro y permita a los chilenos “medir el impacto del cambio climático y adaptarnos a ello”.
“Es un esfuerzo conjunto, un tema país, un asunto de Estado que nos permita prepararnos para el cambio climático a nivel global”, sentenció la ministra, en relación a esta normativa que pretende estar lista en 2019 y recoge las recomendaciones internacionales a los países.
Debido a la vulnerabilidad de Chile frente a los efectos del cambio climático, reflejados en lluvias irregulares, una creciente sequía, aumento anormal de las temperaturas y voraces incendios, por dar algunos ejemplos, es que se busca reducir con una ley la emisión de gases de efecto invernadero y establecer un sistema de gobernanza climática, entre otros puntos.
La regulación a las empresas productoras ha tomado relevancia estos últimos días, con la intoxicación de al menos 300 personas en las comunas de Quintero y Puchuncaví, a causa de una nube de gas nocivo que provendría de las refinerías de la zona, lo que ha motivado un plan de descontaminación de emergencia de parte de las autoridades.
Como una manera de adelantarse a estas situaciones, la ministra recalcó lo importante que es prevenir y mitigar los impactos nocivos que los diversos proyectos puedan tener a nivel ambiental y social, además de contar con una regulación acorde al objetivo.
Resaltó en otro ámbito y como parte de las principales metas de su cartera, la aplicación y consolidación de la ley que establece un marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, promulgada en mayo de 2016 y en proceso aún de adecuación.
Esta iniciativa (Ley REP) se hizo con el propósito de disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valoración, para así proteger la salud de las personas y el ecosistema.
En este contexto, Schmidt puso énfasis en la difusión de lo que es la “economía circular, que permite reutilizar las cosas y disminuir la cantidad de residuos que producimos”.
Se mostró a favor además de educar, generar conciencia entre la población y lograr cambios de hábitos, “para que todos podamos participar en la reducción de los residuos y el cuidado del medio ambiente”.
De acuerdo al Estado, esta legislación promueve un modelo de desarrollo en que los desechos se tornan recursos de valor, incorporados a una cadena de producción alternativa para su uso como materia prima o motor energético, lo que motivaría más proyectos verdes y empleos sustentables.
Chile es el primer país sudamericano que pone en marcha este instrumento, que vio la luz en Europa a inicios de los años 90’, con lo que se logró alcanzar la vanguardia en materia de reciclaje y reutilización de basura.
Frente a este panorama, puso en vigencia recientemente la prohibición a la entrega de bolsas plásticas en todo el comercio nacional, que comenzó a regir de inmediato y comprende un período de adecuación diferenciado para pequeñas, medianas y grandes empresas.
Durante la última década, el país ha puesto el acento en promover políticas encausadas en el cambio climático y la conservación del medio ambiente, teniendo en cuente que Chile posee una de las más grandes reservas del mundo en energías no convencionales y recursos naturales.
