Por Cristián Bustos S. Cofundador de Beeok y Presidente de Better Consultores.
La reciente decisión del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Energía de retirar y revisar una serie de decretos que aún no habían entrado en vigencia ha abierto un debate que, más allá de lo inmediato, invita a una reflexión más profunda sobre nuestro país.
A primera vista, este tipo de medidas puede interpretarse como un retroceso en materia de gestión ambiental y energética. Sin embargo, también puede leerse —y vale la pena hacerlo— como una oportunidad. Especialmente, en el contexto de un cambio de gobierno, donde resulta legítimo revisar instrumentos regulatorios que no han sido plenamente implementados, con el objetivo de alinearlos y eventualmente, darles una nueva visión de desarrollo.
El punto de fondo es que el desarrollo sostenible no se construye desde una sola dimensión. No es, ni puede ser, exclusivamente ambiental. Tampoco es únicamente económico o social. Es, por definición, la capacidad de integrar estas tres dimensiones de manera coherente, evitando que una de ellas predomine sistemáticamente sobre las otras.
Y ahí es donde este momento se vuelve especialmente relevante.Chile ha avanzado durante décadas en la construcción de su institucionalidad ambiental. Pero también, ha enfrentado tensiones persistentes entre crecimiento económico, protección de ecosistemas y demandas sociales. Muchas veces, estas tensiones no se explican por la falta de normas, sino por la falta de articulación entre ellas.
En la práctica, el desarrollo sostenible no depende solo del Ministerio del Medio Ambiente. Depende de la capacidad del Estado de coordinar políticas entre economía, energía, minería, obras públicas, desarrollo social y hacienda, entre otras. Sin esa coherencia interministerial, las regulaciones pueden transformarse en barreras o, por el contrario, en vacíos, generando incertidumbre tanto para la inversión como para la protección ambiental.
Desde esa perspectiva, revisar normas que aún no han entrado en vigor puede ser una decisión razonable. Puede ser, incluso, necesaria. Pero su valor no está en la pausa en sí misma, sino en lo que ocurre después.
Ello, porque este tipo de decisiones también conlleva riesgos. Las pausas regulatorias pueden generar vacíos, debilitar procesos institucionales en curso o afectar la confianza de distintos actores. En un escenario donde Chile busca consolidarse como un país serio en materia de sostenibilidad —tanto frente a inversionistas como a la comunidad internacional—, la señal que se entregue es clave.
La pregunta, entonces, no es si corresponde revisar o no estas normas. La verdadera pregunta es si esta revisión permitirá construir un sistema más robusto, coherente y predecible.Un sistema que entregue certezas a la inversión, proteja efectivamente los ecosistemas críticos, reduzca la conflictividad socioambiental y fortalezca la institucionalidad en lugar de debilitarla.
Chile no necesita elegir entre desarrollo económico, desarrollo social o protección del medio ambiente. Necesita integrarlos. Y esa integración no ocurre por declaración, sino por diseño institucional, calidad regulatoria, gestión y visión de largo plazo.
Si esta pausa permite avanzar en esa dirección, estaremos frente a una pausa estratégica.
Si no, corremos el riesgo de poner en pausa —y eventualmente retroceder— en un camino que el país ha construido con esfuerzo durante años.
El desafío, entonces, no es menor. Pero tampoco es nuevo.Y quizás, precisamente por eso, es una oportunidad que no se puede desaprovechar.
