Por Maribel Vidal Giménez, directora de empresas y organizaciones de la sociedad civil
Las telecomunicaciones forman parte de las estructuras más profundas de la vida contemporánea. Sobre ellas descansan transacciones económicas, servicios de emergencia, vínculos familiares, coordinación laboral y buena parte de la interacción cotidiana entre instituciones y ciudadanos.
Su presencia atraviesa también dimensiones más íntimas de la vida personal. Todos hemos esperado con ilusión una llamada o hemos sentido tristeza frente a un mensaje. Los teléfonos almacenan recuerdos, agendas, conversaciones y fotografías, además de múltiples herramientas que acompañan la vida diaria. Su presencia es tan extendida que, cuando funcionan correctamente, desaparecen del campo de atención.
Sin embargo, en distintos lugares del mundo comienzan a observarse señales de desgaste en la relación entre las personas y los sistemas que sostienen esa conectividad.
El teléfono, que conecta con todo y con todos al mismo tiempo, también genera fricción en la experiencia social. La dependencia del teléfono móvil forma parte del debate público. Algunos colegios restringen su uso en las salas de clase. En espacios sociales cada vez son más frecuentes las reglas informales que buscan limitar su presencia en la mesa o en reuniones familiares. No es raro escuchar a alguien contar con cierto orgullo que ha pasado un día entero sin teléfono y que esa ausencia le permitió recuperar una sensación de libertad.
En el extremo de esa fricción están las estafas telefónicas, que no solo debilitan la confianza personal sino que tienen efectos sociales. Personas mayores dejan de contestar llamadas por temor a ser engañadas. Pacientes ignoran contactos legítimos de servicios médicos. Instituciones que necesitan comunicarse con ciudadanos encuentran un canal menos efectivo.
El fraude telefónico, junto con otros usos problemáticos del dispositivo, introduce ruido en el entorno comunicacional y afecta la legitimidad cotidiana del teléfono como medio de contacto.
Desde una perspectiva de gobernanza sectorial, se abre una reflexión inevitable para la industria de las telecomunicaciones. Cuando el canal acumula tensiones culturales, riesgos de seguridad o prácticas abusivas, comienza a emerger un riesgo reputacional sistémico para todo el ecosistema de comunicaciones. El desafío deja entonces de ser exclusivamente técnico o regulatorio y adquiere también una dimensión ética y estratégica.
¿Qué responsabilidad tiene una industria cuya infraestructura resulta esencial para la vida social respecto de la calidad del entorno comunicacional que habilita?
Responder esa pregunta exige ampliar la mirada. La sostenibilidad del sector no depende únicamente de la inversión en redes o de la innovación tecnológica. También descansa en la legitimidad cotidiana del canal y en la confianza que inspira en quienes lo utilizan.
En ese contexto, uno de los cambios conceptuales más relevantes para el futuro del sector probablemente será avanzar desde un enfoque centrado en bloquear lo sospechoso hacia otro orientado a autenticar lo legítimo. Junto a ello, será necesario promover una conversación más amplia sobre el uso responsable de los dispositivos y de las plataformas que operan sobre ellos.
El futuro de las telecomunicaciones no se definirá únicamente por su capacidad de ampliar la conectividad. También se jugará en su capacidad de preservar la confianza social en los sistemas que permiten comunicarnos.
