Por Sebastián Galarza, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible y Marcelo Mena, CEO Global Methane Hub y exministro de Medio Ambiente.
Chile cuenta con una política climática de Estado de más de una década que fija como
meta la carbono neutralidad a 2050, respaldada por la Ley Marco de Cambio Climático y
los compromisos del Acuerdo de París. Y ha mostrado avances: la descarbonización del
sistema eléctrico redujo significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Pero parte de ese progreso se ha visto anulado por el crecimiento explosivo del parque
automotor y, en particular, por el aumento de vehículos ineficientes.
Desde 2022, el transporte es la principal fuente de emisiones de GEI en Chile, superando
a la generación eléctrica. El parque vehicular crece en más de 300 mil unidades nuevas al
año y con gran expansión de las camionetas, que representan una fracción creciente de
las ventas y de la contaminación urbana. Y mientras la norma de eficiencia energética
para vehículos livianos mejoró significativamente su rendimiento, reduciendo emisiones y
consumos, las camionetas operan bajo un estatus excepcional sin justificación técnica,
económica ni ética.
La mayoría de las camionetas no paga IVA en su compra, pagan solo una fracción del
impuesto específico al usar diésel, y están exentas del impuesto verde. A esto se suma
otro problema: hay empresas dedicadas a desactivar los sistemas de control de emisiones
de estos vehículos, lo que ya motivó acciones legales. El resultado es camionetas más
contaminantes, sin asumir los costos que generan. Los datos lo demuestran: hoy las
camionetas y vehículos medianos emiten más del 70% de la contaminación por transporte
en Santiago.
Mantener privilegios en este sector implica mayor consumo de combustible, eleva los
costos de los usuarios y refuerza la dependencia del país de combustibles fósiles
importados, afectando además la salud pública por el deterioro de la calidad del aire.
Además, retrasa la modernización tecnológica en sectores estratégicos como la minería,
que necesita vehículos más limpios y eficientes para cumplir sus propias metas de
descarbonización.
Aun así, se plantea retrasar dos años la aplicación del estándar de eficiencia para
vehículos medianos y reducir sus exigencias, debilitando una política clave. Sin esta
mejora, es imposible que Chile cumpla sus metas de reducción de emisiones. Al inicio de
este gobierno se prometió reformar los impuestos a los combustibles, aumentando la
carga del diésel. Esa reforma no avanzó, y no podemos seguir postergando decisiones
que son fundamentales para la salud pública, la equidad fiscal y nuestras metas climáticas.
La evidencia muestra que las regulaciones bien aplicadas funcionan. Chile ha mostrado
su liderazgo con la electrificación del transporte público, y Santiago es un referente global
de esta política pública. La norma de eficiencia para vehículos livianos demostró
efectividad: el rendimiento promedio del parque nuevo mejoró 7,3%, la oferta de autos
eléctricos superó los 120 modelos y sus precios cayeron 19%, ampliando su adopción en
menos de dos años.
Chile ha mostrado liderazgo internacional en políticas climáticas en base a una política de
Estado. Hoy necesitamos ese mismo liderazgo para corregir un rumbo que ya no resiste más excepciones. Es hora de aplicar, sin privilegios ni retrasos, la norma de eficiencia
energética también a las camionetas. Está en juego nuestra salud, nuestra economía y
nuestro futuro climático.
