Un nuevo paso hacia una gestión integrada de nuestras áreas protegidas y especies en riesgo. Así se celebró la aprobación de dos reglamentos fundamentales por parte del Consejo de Ministras y Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, en el marco de la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado por la Ley 21.600.
Este hito no solo marca el avance de una de las transformaciones ambientales más relevantes del país, sino que también refuerza el compromiso de Chile con la conservación de su riqueza natural, en un momento clave para hacer frente a la crisis climática y ecológica.
Un servicio para cuidar nuestro patrimonio natural
“El SBAP es el principal legado ambiental de esta administración. Nos permitirá hacernos cargo directamente de las crisis de biodiversidad y climática, gestionando de manera integrada nuestras áreas protegidas y cuidando nuestro patrimonio natural”, señaló Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente.
Con estos nuevos instrumentos se da un paso concreto en la implementación del SBAP, un organismo llamado a transformar la forma en que protegemos los ecosistemas del país, especialmente aquellos que albergan especies únicas en el mundo y que hoy están amenazadas.
Instrumentos con mirada científica y participación ciudadana
El primer reglamento aprobado establece los lineamientos para la elaboración de los Planes RECOGE (Recuperación, Conservación y Gestión de Especies), que permitirán definir estrategias concretas para proteger especies en peligro crítico, en peligro, vulnerables o casi amenazadas.
Por primera vez, estos planes incorporan priorización estratégica, participación ciudadana, análisis detallado de amenazas, indicadores de seguimiento y criterios adaptativos frente al cambio climático. Serán elaborados por el SBAP, en conjunto con comités técnicos y organismos públicos.
El segundo reglamento regula el funcionamiento del Comité Científico Asesor, órgano clave para asegurar que las decisiones del SBAP cuenten con el mejor respaldo técnico y científico. El reglamento establece los criterios para su integración, funciones y formas de trabajo, consolidando una gobernanza participativa y basada en evidencia.
Un camino colaborativo y con visión de futuro
Ambos reglamentos fueron aprobados tras un proceso participativo que incluyó consultas públicas y revisión de observaciones de ministerios y organizaciones de la sociedad civil, asegurando que las voces de múltiples sectores contribuyeran al diseño final.
Estos avances refuerzan el rol de Chile como líder regional en conservación y abren una nueva etapa en la gestión de nuestras áreas protegidas, con una institucionalidad robusta, colaborativa y adaptada a los desafíos del siglo XXI.
