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Sábado, Noviembre 26, 2022

Ciclo de Seminarios AIPEF-SURA 2022: Proyecto Nueva Constitución, ¿qué implica el derecho a la seguridad social?

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El artículo 45 del documento señala que “toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad (…) que es el Estado el que define la política de seguridad social (…) y que se financiará a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación”.

El texto establece principios claros, pero al mismo tiempo es lo suficientemente abierto para reservar espacio a la dictación de leyes específicas y a la gradualidad de la puesta en marcha de los derechos, dejando abierta la puerta para transformaciones que sin duda demandará la evolución de la sociedad, coincidieron los especialistas que participaron en el encuentro.

La seguridad social en la propuesta de nueva Constitución fue el tema del seminario realizado por la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) en el marco del ciclo 2022 que organizan por noveno año consecutivo AIPEF y SURA Asset Management Chile.

En primer término, Guillermo Montt, Especialista Principal sobre Protección Social de la Organización Internacional para el Trabajo para el Cono Sur (OIT), señaló que la Declaración de Derechos Universal de Humanos y un total de 131 constituciones en el mundo consagran el derecho a la seguridad social concebido como un sistema de protección que involucra salud, pensiones y derecho al trabajo o a protección en caso de incapacidad; 91 de ellas lo indican como un derecho justiciable (los ciudadanos pueden reclamar su cumplimiento) y en el resto de los casos es aspiracional (no están vinculadas a ninguna exigencia). En la mayor parte de los casos, este derecho se vincula a la dignidad humana, es decir, se trata de un tema económico, pero también moral, explicó.

“Desde la OIT, los principios orientadores de la seguridad social son: cobertura universal, suficiencia y previsibilidad, sostenibilidad, financiamiento colectivo y solidaridad social, participación de los actores sociales, responsabilidad del Estado, transparencia en la gestión y no discriminación”, agregó el especialista.

Por su parte, el abogado constitucionalista y académico, Francisco Zúñiga, manifestó que el texto que se votará en septiembre próximo “tiene mirada de futuro, inspiración ideológica diversa (…) y se inspira en el respeto a los derechos sociales en el marco de un concepto más amplio que es el Estado de bienestar”, en contraposición a la Constitución vigente, que “es añeja y asigna un rol subsidiario al Estado”, manifestó el profesional de Zúñiga Campos Abogados.

En la otra vereda, el abogado Jorge Barrera, del estudio Bofill Mir, opinó que “Chile sí tiene hoy un sistema de seguridad social y que la diferencia con el texto propuesto radica en que ahora sería por mandato constitucional”.

En cualquier caso, los tres especialistas coincidieron en que texto del artículo 45 (*) que se refiere a la materia establece principios claros, pero al mismo tiempo es lo suficientemente abierto para reservar espacio a la dictación de leyes específicas y a la gradualidad de la puesta en marcha de los derechos, dejando abierta la puerta para transformaciones que sin duda demandará la modernidad, las tecnologías, los cambios democráticos futuros y la evolución económica.

La primera charla del ciclo para periodistas AIPEF- SURA 2022 fue inaugurada por Francisco Murillo, Presidente Ejecutivo de SURA Asset Management Chile, quien destacó la fortaleza de la alianza entre ambas organizaciones, que ya se desarrolla por noveno año consecutivo, con el objetivo de aportar a la capacitación periodística. Adicionalmente, se refirió al sistema previsional y a la reforma que presentará el Gobierno en las próximas semanas: “Esperamos que cuando se presente el nuevo proyecto se dé una discusión constructiva que ponga en el centro lo importante, esto es, mejorar las pensiones de las personas. Desde SURA tenemos la convicción que lo que Chile necesita es un sistema mixto potenciado, aumentando la cotización del pilar obligatorio -de 10% a 18% gradualmente-, pero al mismo tiempo incrementando el gasto del Estado, cuyo aporte equivale a 1,2% del PIB anual”.

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