Carla Ávila, Directora agencia de comunicaciones Voz Chile
La nueva Constitución nos ofrece la posibilidad, a través de un proceso participativo indirecto, de definir una nueva forma de relacionarnos como sociedad, distribuyendo el poder, definiendo a los organismos a quienes les corresponde ejercerlo y fiscalizarlo, reconociendo derechos y deberes que, tanto personas naturales como jurídicas, tendremos que cumplir.
En este contexto donde las palabras sustentabilidad, economía circular, agricultura regenerativa, Pacto Global, responsabilidad social empresarial, participación ciudadana y cambio climático, se usan de manera cotidiana, y muchas veces, poco prolija, ¿qué rol puede jugar una nueva Constitución?. Nuestras leyes y normas no consideran estas nuevas realidades. Por lo tanto, el gran paraguas que rige nuestras relaciones como miembros de esta nación, la Carta Magna, debe ponerse al día para que logremos transitar desde un paradigma antropocéntrico, individualista y extractivista a uno holístico, colectivo y solidario.
Como base, la nueva Constitución debiera otorgar el deber al Estado de proteger, preservar y recuperar la naturaleza, así como los servicios ecosistémicos que nos presta. Y lo anterior, incluso en desmedro de otros derechos fundamentales como el de la propiedad privada. Y no hay aquí un debate ideológico, se trata de establecer que existen bienes comunes a todos los habitantes de nuestro país y deben ser protegidos porque prestan servicios esenciales a las personas, empresas y organizaciones sociales, por nombrar algunas. Las Áreas Protegidas en Chile, principal instrumento de conservación biológica vigente, aportan a través de sus servicios ecosistémicos, un Valor Económico Total (VET) de US$ 2.049 millones al año por conceptos como polinización, provisión y regulación del ciclo del agua, recreación y turismo, entre otras. Descuidar nuestra naturaleza significa destruir nuestras riquezas.
De igual modo, y en igual grado de importancia, la nueva Constitución debiera garantizar el derecho a un ambiente sano, “superando las limitaciones que ofrece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación consagrado en la Constitución de 1980”. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala las dimensiones de este ambiente sano, incluyendo aspectos relativos a los derechos colectivos e individuales de los seres humanos pero también abarca la protección de todos los seres vivos que la naturaleza alberga, incluyendo la variable temporal e intergeneracional. “ … La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad … para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos”.
Sin duda, algo que nos debiera resonar en tiempos de pandemia, donde el mundo científico levanta la voz para volver a advertirnos que la destrucción de la biodiversidad nos deja a merced de nuevos vectores de enfermedades desconocidas. Nuestras barreras naturales se desmoronan a pedazos cada día.
Demás está decir que la participación ciudadana activa e informada en los diferentes territorios, con una visión descentralizada, que permita a las y los ciudadanos decidir e incidir, en conjunto con todos los actores institucionales y privados, la distribución de las cargas y beneficios ambientales del desarrollo futuro de nuestro país, debe ser un derecho consagrado en nuestra
Constitución. De esta manera, las palabras enunciadas al inicio cobrarán real sentido, alcance y dimensión para todas las partes, permitiendo lograr un desarrollo en equilibrio y acorde con un modelo o nuevo paradigma de crecimiento.
Carla Ávila es periodista de la Universidad de Chile, magister en comunicación de la Universidad de Montreal y docente de la Escuela de Periodismo de la USACH. Dirige la agencia de comunicaciones Voz Chile, empresa consultora experta con más de 20 años de experiencia en comunicación corporativa, de riesgo, relaciones comunitarias y desarrollo territorial.
