Por María Lorena Rossel, Directora de Derecho, Universidad de Las Américas, Viña del Mar.
Según el último censo del 2017, nuestra población está integrada por un 12,8% de personas de distintos pueblos originarios o indígenas.
Entre estos destacan el Mapuche, correspondiente a casi el 80% de la población indígena, seguido por el pueblo Aymara (7,17%), Diaguitas (4,05%), Quechua (1,55%), Lican Antai (1,39%P), Colla (0,95%), Rapa Nui (0,43%), Kawashkar o Alacalufe (0,16%) y Yagán (0,07%).
Actualmente, se está discutiendo en el Congreso la incorporación de escaños reservados en la Convención Constitucional para personas que integren estas etnias, lo que constituye un avance hacia una democracia realmente participativa y representativa de nuestra sociedad.
Sin embargo, cualquiera que sea la fórmula que permita la incorporación de nuestros pueblos originarios, ya sea incluyéndolos dentro de los 155 cupos o aumentando dichos escaños, es fundamental que dicha decisión se adopte a la brevedad, para que tengan el tiempo necesario para preparar sus candidaturas y propuestas para una nueva Constitución.
Además, cualquier retraso en la definición de las reglas necesarias para la conformación de la Convención Constitucional, podría restarle legitimidad a un proceso tan trascendental para nuestro Estado, como es la redacción de una nueva carta fundamental.
