Por Felipe Rodríguez, director Ecoambiente Circular
¿Supieron lo que pasó con ENAP?
El 26 de octubre, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cuatro cargos contra su Refinería Aconcagua, dos de ellos gravísimos. Según la autoridad, se habría entregado información alterada sobre la eficiencia de recuperación de azufre y reportes incompletos de emisiones. El caso plantea una pregunta incómoda: ¿qué evidencia respalda los datos ambientales con los que una empresa acredita su cumplimiento?
Es una pregunta que en Ecoambiente Circular nos hacemos cuando revisamos el cumplimiento ambiental de una operación: ¿de dónde viene cada dato?, ¿quién lo contrastó con lo que realmente ocurre en terreno y quién responde cuando no coincide? Porque el problema no siempre está en el instrumento. También puede estar en el camino que recorre el número antes de convertirse en un informe.
En el caso ENAP, la SMA recalculó eficiencias de recuperación de azufre de 94,1% en 2023, 90,5% en 2024 y 90,2% en 2025, frente al mínimo exigido de 98%. También cuestionó la omisión de emisiones provenientes de las antorchas en los reportes oficiales. El procedimiento continúa en curso y no existe una sanción definitiva. ENAP ha señalado que detectó internamente inconsistencias, informó a las autoridades y adoptó medidas para fortalecer sus controles.
Más allá de cómo concluya este procedimiento, la situación permite abordar una dificultad que merece atención de cualquier comité ejecutivo: la confiabilidad de la información sobre la cual se toman decisiones.
En una operación industrial, los datos ambientales pueden recorrer un largo camino antes de llegar a la gerencia. Se generan mediante mediciones, registros y cálculos, pasan por distintas revisiones y finalmente se presentan como indicadores de cumplimiento. Pero la existencia de un informe no demuestra, por sí sola, que toda esa información haya sido correctamente verificada.
Ahí aparece un riesgo que puede pasar inadvertido. Un directorio puede recibir indicadores favorables, aprobar decisiones y evaluar el desempeño ambiental de una operación sin conocer las debilidades que podrían existir en la información que los respalda.
No se trata de que los directores revisen personalmente cada medición. Se trata de contar con controles que permitan conocer el origen de los datos, verificar su consistencia, contrastarlos con las condiciones reales de operación y detectar oportunamente diferencias que requieran investigación o corrección.
Las auditorías de cumplimiento ambiental cumplen una función relevante en este ámbito. Además de revisar obligaciones y registros, permiten examinar la trazabilidad de las evidencias, identificar brechas y aportar antecedentes para que la administración determine qué medidas corresponde adoptar y cómo verificar su implementación.
Para un comité ejecutivo, esto significa disponer de información más confiable para evaluar riesgos, asignar recursos y ejercer una supervisión efectiva, sin reemplazar las responsabilidades de quienes gestionan diariamente la operación.
El caso ENAP todavía tiene un desenlace pendiente. Pero deja una reflexión que no necesita esperar una resolución sancionatoria.
La próxima vez que un directorio reciba un informe indicando que todo está en cumplimiento, quizás debería hacerse una pregunta adicional: ¿qué evidencia tenemos de que esa información es correcta?
Porque un dato equivocado puede llevar a una mala decisión. Pero un dato equivocado en el que todos confían puede ser mucho más peligroso.
En Ecoambiente Circular diariamente acompañamos a distintas empresas a resolver sus brechas ambientales antes de que se transformen en retrasos, costos o problemas operacionales. Partimos por entender qué bloquea el avance, qué impacto genera y qué nivel de solución necesita la operación. Definimos una ruta de acción y, cuando se contrate, apoyamos su implementación y verificación dentro del alcance acordado.
