Por Luciano Cruz Morandé, abogado socio Arteaga Gorziglia
Chile ya no compite por quién instala más megawatts, sino por quién logra que esos megawatts estén disponibles cuando y donde se necesitan. El problema dejó de ser tecnológico: es de flexibilidad del sistema.
El Presidente electo ha puesto el acento en actuar en dos planos, infraestructura y regulación: robustecer transmisión, modernizar distribución y perfeccionar la remuneración/operación del almacenamiento, con señales de precios y peajes que reflejen congestión y localización. En paralelo, la futura ministra Ximena Rincón ha identificado el mismo corazón del desafío: estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio y revisión del marco normativo sin sacrificar estándares ambientales, además de enfrentar una permisología que puede demorar “siete o más años”.
La ruta crítica es clara: (1) permisos coordinados con plazos exigibles para obras críticas; (2) reglas consistentes entre potencia, energía y servicios complementarios, evitando dobles pagos o vacíos; y (3) un marco operativo que haga bancarizable la flexibilidad (BESS, demanda, redes), para que la transición se traduzca en tarifas y seguridad, no en congestión y costos.
