Por Javier Iriarte, Senior Business Leader de Innspiral
Chile se prepara para recibir más de 100 mil millones de dólares en inversiones mineras durante la próxima década. Es una cifra que equivale a un tercio del PIB, pero más que un número es una decisión del tipo de país que queremos. El próximo gobierno —cualquiera sea su signo político— tendrá en sus manos la responsabilidad de transformar esta ola de inversión en desarrollo sostenible.
La disyuntiva es clara: podemos seguir exportando materias primas o podemos usar estos recursos para generar conocimiento, innovación y tecnología exportable desde Chile hacia el mundo. Esa definición no es neutra; será parte del programa de quienes aspiran a La Moneda y marcará la diferencia entre seguir en la inercia o dar un salto cualitativo hacia el desarrollo.
Pero no bastan los discursos. Sin puertos modernos, carreteras ágiles, fuentes de energía renovable, capital humano avanzado y, sobre todo, un marco regulatorio que permita aprobar proyectos con celeridad y responsabilidad, gran parte de estas inversiones no se concretarán. La verdadera oportunidad está en conectar los desafíos de la minería con universidades, proveedores locales y startups capaces de generar soluciones aplicadas que diversifiquen la economía y fortalezcan territorios que hoy dependen de un solo sector.
Los efectos de este camino son multiplicadores: productos y servicios con valor agregado, infraestructura que dinamiza ciudades cercanas a las faenas y un ecosistema de conocimiento con impacto más allá de la minería.
En plena carrera presidencial, la pregunta a cada candidato es evidente: ¿serán capaces de transformar los US$100.000 millones en una política de innovación y desarrollo o se resignarán a que Chile siga siendo solo un exportador de recursos naturales? Esta no es una promesa más de campaña, es la prueba que definirá si el país logra —por fin— convertirse en una economía desarrollada.
