La iniciativa presentada por el Gobierno actualiza la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente a casi 30 años de su promulgación.
Con el objetivo de acelerar la inversión pública y privada, el Ejecutivo presentó el proyecto Evaluación Ambiental 2.0 que actualiza la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente a casi 30 años de su promulgación. El objetivo de la iniciativa es fortalecer la institucionalidad ambiental y garantizar la protección del medio ambiente, así como hacer más eficientes los procesos asociados a los instrumentos de gestión.
Entre las principales modificaciones se encuentra el rediseño de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Incluye modificaciones al procedimiento que promuevan su aplicación voluntaria y la haga más ágil y expedita. Ahora bastará solo con la manifestación del Ministerio o Servicio responsable del instrumento con acuerdo del Ministerio del Medio Ambiente.
Se introducen también modificaciones en normas de ingreso de proyectos a evaluación y tipologías del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según explicó Antonio Rubilar, Director del grupo de Derecho Público y Mercados Regulados de Albagli Zaliasnik, “se clarifican los alcances de algunas de estas reglas y se establecen hipótesis donde los proyectos deberán calificarse negativamente o poner término anticipado a su tramitación. Se amplían también las hipótesis para que opere la tramitación expedita de proyectos y se contempla la reducción de plazos para proyectos planificados mediante un procedimiento que ya pasó por EAE. Por lo demás, se elimina el componente político del SEIA: “Se eliminan las instancias políticas (COEVA y Comité de Ministros) por órganos técnicos”.
Por otra parte, se realizan modificaciones en las evaluaciones de impactos ambientales. Esto, según detalla Antonio Rubilar “con el fin de determinar de forma más precisa cómo la calificación ambiental de un proyecto o actividad deberá considerar la sinergia y acumulación de impactos provocados tanto por el proyecto en sí mismo, como con los demás proyectos o actividades existentes dentro de su área de influencia”. Además, se disminuyen las cargas asociadas a las consultas de pertinencia: Este proyecto propone crear la figura de la declaración jurada, por medio de la cual el titular pueda informar de cambios que no sean de consideración de sus respectivos proyectos o actividades con RCA
El proyecto establece también la creación de una vía única de reclamación que integrará a los legitimados activos tanto del procedimiento administrativo como judicial, eliminando así el actual uso del recurso de invalidación. Este recurso de reclamación único, en sede administrativa, será conocido por la Dirección Ejecutiva del SEA, con independencia de la vía de ingreso del proyecto o actividad al SEIA. Además, tendrá un plazo urgente para ser resuelto, con una regla de silencio negativo que permitirá al reclamante dirigirse directamente al Tribunal Ambiental competente de no ser resuelto dentro de plazo.
Así también, se flexibilizan los requisitos para que opere la etapa de participación ciudadana y se incorpora la legitimación activa del CDE a todo evento para demandar daño ambiental. También se modificará la carga de la prueba, volviéndola dinámica según la disponibilidad y facilidad probatoria de cada parte en el litigio. Asimismo, se aumenta el plazo de prescripción a 5 años desde la última manifestación del daño ambiental.
Antonio Rubilar concluyó que “este proyecto de ley se incluye dentro del paquete de medidas que el Gobierno ha implementado para reformar el SEIA, agilizando sus procesos para promover la inversión.
Otro reciente cambio en este sentido fue la Reforma al Reglamento del SEIA, donde se modificaron los contenidos mínimos a las Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental, la inclusión de la figura del monitoreo participativo, la ampliación del concepto de carga ambiental para que se active el proceso de participación ciudadana, entre otros cambios. Esta fue la antesala del proyecto que ahora ingresa el Gobierno para llevar a nivel legal muchos de los aspectos que se comenzaron a transformar a partir de esta reforma reglamentaria”.
