Es más, se ha planteado una Agenda Legislativa más acotada y priorizada, estimando que actualmente existen 225 proyectos en trámite, en el mejor de los casos sólo se podría aprobar 50 por cada año que resta de Gobierno.
Claramente no hace falta tener una mente tan brillante para darse cuenta que aquí, al menos en este Gobierno, se acabó el tiempo (si es que alguna vez lo hubo), de escuchar las sugerencias, comentarios y/o indicaciones de cualquier mesa mixta formada para dar peso específico en cada uno de los compromisos que la misma Presidenta nos prometió en su período de campaña.
Si hace 2 años atrás si quiera existió la intención y/o voluntad de avanzar en mejorar o visibilizar las políticas públicas de temas relacionados a la discapacidad, que no son menores pues abordan Salud, Trabajo, Educación, Vivienda, Accesibilidad, Participación Ciudadana, entre otras, esas buenas intenciones hoy se deducen de los lineamientos del último Comité Político, ya se esfumaron.
Por ello, que mi reflexión hoy es que “la obra gruesa en discapacidad” está pendiente aún y tenemos como país una gran deuda con las más de 2.606.914 personas con discapacidad que actualmente viven en Chile y sus familias. Si bien existe una institucionalidad que la ampara (Ley Nº 20.422), esto es un Servicio Público centralizado, con recursos asignados, los que lamentablemente no son suficientes para abordar cada línea de trabajo de la manera adecuada, todo ello finalmente es sólo un declaración de buenas intenciones frente al trabajo y cambio cultural que aún debemos realizar como país para lograr avanzar en Inclusión.
He sido reiterada y hasta muchas veces majadera en señalar que existe un estancamiento de la política pública relacionado con esta materia. Hoy la sociedad civil y las organizaciones que trabajan con o para personas con discapacidad llegan de manera mucho más eficiente a la solución de sus problemas que el propio Estado. La respuesta no requiere mucho análisis: el asumir el costo de salud de una persona con discapacidad, su educación escolar y universitaria, la inserción en el campo laboral, generar las condiciones para que puedan circular de manera libre y sin problemas de accesos por todas las ciudades de nuestro país, entre otras cosas de la vida cotidiana, es un costo altísimo para cualquier país. Sin embargo, no podemos llevar la vista al Cielo y seguir mirándolos como si no existieran. El desafío consiste en generar una visibilización permanente de cada una de estos problemas, de crear la conciencia que estas personas son sujetos de derechos igual que cualquier otro ciudadano, que también merecen oportunidades para mejorar su calidad de vida y tal vez lo más importante, voluntad política para generar este cambio cultural que tanta falta nos hace como país.
Destaco infinitamente el hecho que Chile hace unos días atrás, rindió un examen ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), en Ginebra, Suiza. Allí se plantearon algunos temas de interés sobre todo para los representantes de la Sociedad Civil en materia de discapacidad instaurados por la Convención y que fueron escuchados atentamente por las autoridades que valoraron la participación de las organizaciones no gubernamentales y aporte como agentes externos en la implementación de políticas públicas relacionadas con los derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta es la primera prueba que nuestro país realiza como Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas, ratificada por Chile en 2008, luego del envío de un Informe en 2012 y actualizado en diciembre de 2015. Es de esperar que este hecho sea un buen cimiento para lograr el corte de cinta al corto plazo, de la “Obra Gruesa” que involucra a más del 20% de chilenos y sus familias.
La obra gruesa en discapacidad aún ni siquiera comienza. Por Ximena Flores @FloresXimena de @micompartidas