Leonardo Castets, gerente de movilidad de Seguros SURA
Cada año, millones de chilenos cumplimos con la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Para muchos, es un paso automático para obtener el permiso de circulación; sin embargo, detrás de ese certificado existe un rol social profundo que suele pasar desapercibido, ya que el SOAP no protege vehículos, sino que personas.
Desde la industria aseguradora, vemos este seguro como una red de protección fundamental. Lo hace, además, bajo un principio de solidaridad esencial, protege a conductores, pasajeros y peatones por igual, sin distinción de responsabilidades, asegurando que el nivel de ingresos no sea una barrera para recibir atención en un momento crítico.
Esta protección cobra hoy más relevancia que nunca con la implementación de la nueva Ley Jacinta, la cual busca elevar los estándares de seguridad y responsabilidad, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables —como niños y adultos mayores— frente a incidentes viales.
Con esta Ley, existirán más requisitos para obtener la licencia de conducir, pero, lo más importante, es que duplica los montos de las indemnizaciones, haciendo que la seguridad vial no solo sea un conjunto de normas, sino un imperativo ético, siendo el camino correcto hacia una movilidad más segura.
Y si bien hemos avanzado, las cifras nos obligan a no bajar la guardia. Durante 2025, registramos un total de 1.505 fallecidos en accidentes de tránsito en el país. Esta realidad es la que nos impulsa a seguir trabajando en materia de prevención y también educación, para que cada día sean menos los chilenos que deban activar la cobertura del SOAP, y para que su contratación sea entendida como un acto de responsabilidad colectiva y una forma concreta de cuidarnos entre todos.
