Ayer se conmemoró el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, jornada que en Chile puso en evidencia un contraste marcado.
El país se ha consolidado como referente regional en transporte público eléctrico, con más de 4 mil buses en operación en Santiago y nuevas licitaciones en marcha en distintas regiones, pero en el mercado privado las cifras siguen siendo bajas, considerando que menos del 3% de las ventas de vehículos corresponden a modelos enchufables.
La Estrategia Nacional de Electromovilidad, presentada en 2021, fijó como meta que al 2035 todas las ventas de vehículos livianos nuevos sean 100% eléctricos. No obstante, el progreso se concentra casi exclusivamente en la flota de transporte público, mientras los segmentos privados avanzan lentamente.
Desde el Centro de Movilidad Sostenible (CMS) advierten que esta brecha podría frenar la transición energética. Hoy más del 64% del consumo energético del país proviene de combustibles importados, que en 2022 significaron más de US$22 mil millones, equivalentes al 7% del PIB y al 21% de las importaciones totales. A esto se suma la pérdida cercana al 20% de la generación renovable por falta de infraestructura de transmisión y almacenamiento.
“Chile ya demostró liderazgo en transporte público eléctrico. Ahora se debe replicar esa visión en todos los segmentos y generar condiciones habilitantes que den certeza al mercado e inversionistas”, destacó Marcela Castillo, subdirectora y cofundadora del CMS.
Propuestas para cerrar la brecha
Entre las medidas planteadas por el CMS se encuentra acelerar la eliminación del motor a combustión interna y asegurar el cumplimiento de la meta al 2035, fortalecer las normas de eficiencia energética ampliando su aplicación a vehículos medianos en 2026 y pesados en 2028, desarrollar una red de infraestructura de carga robusta con cobertura nacional e incentivos para zonas remotas, y modernizar las tarifas eléctricas.
También llaman a integrar la electromovilidad a la política industrial para fomentar la demanda interna que justifique inversiones en baterías y vehículos eléctricos, incorporar la electromovilidad en las compras públicas y revisar los subsidios al diésel, que representan una pérdida de US$1.500 millones al año, además de externalidades por congestión y contaminación que ascienden a otros US$2.600 millones.
“No podemos persistir en la paradoja de impulsar la transición energética con nuestros minerales e importar anualmente miles de millones de dólares en combustibles fósiles. Mantener esta contradicción retrasa la descarbonización de nuestra economía donde la electromovilidad es un pilar indispensable. Las decisiones que tomemos hoy definirán si somos un modelo integral o un caso de éxito parcial”, afirmó Sebastián Galarza, director ejecutivo y cofundador del CMS.
El llamado del centro es a que el próximo gobierno transforme los avances logrados en transporte público en un cambio sistémico, capaz de extender la electromovilidad a todos los segmentos y consolidar a Chile como un modelo integral en la transición energética.
