Por María de la Paz Irarrázaval, Country Manager de Manuia
Según el Informe de Riesgos Globales 2026 del World Economic Forum, de aquí a los próximos diez años cinco de los diez principales riesgos que enfrentará el mundo estarán directamente relacionados con el cambio climático. En particular, los fenómenos meteorológicos extremos encabezan hoy la lista de amenazas de mayor impacto en el largo plazo, seguidos por la pérdida de biodiversidad, el colapso de ecosistemas y la escasez de recursos naturales. No se trata solo de un desafío ambiental: son riesgos que afectan directamente a las personas, a la estabilidad social y al desempeño económico de los países.
Este diagnóstico, que se repite año tras año con mayor urgencia, deja una conclusión clara: la acción climática no puede depender de ciclos políticos ni de prioridades de corto plazo. Requiere visión estratégica, continuidad institucional y acuerdos amplios que permitan sostener políticas públicas en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno.
En el caso de Chile, existen ejemplos concretos de avances que han logrado precisamente eso. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y cuya implementación comenzó años después, marcó un cambio estructural en la forma en que el país enfrenta la gestión de residuos y la economía circular. Por otro lado, la Ley Marco de Cambio Climático, promulgada durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, estableció objetivos claros, instrumentos de planificación y responsabilidades de largo plazo para el Estado, incorporando el cambio climático como un eje central del desarrollo.
A estas iniciativas se han sumado espacios de trabajo colaborativo que reflejan una comprensión más amplia del desafío. El Comité de Capital Natural, creado en 2023, reúne a representantes del sector público, privado, la academia y la sociedad civil con el objetivo de asesorar y proponer acciones para la medición, protección y restauración del capital natural del país. Su valor está en reconocer que la naturaleza no es un recurso infinito ni gratuito, sino un activo estratégico cuya degradación impacta directamente en la productividad, el bienestar y la estabilidad macroeconómica. Como ha señalado Klaus Schmidt-Hebbel, economista, investigador y consultor chileno, en distintas instancias, “el crecimiento económico sostenible requiere reconocer que el capital natural no es un bien libre”.
En la misma lógica, la mesa público-privada de Finanzas Verdes representa un avance relevante al integrar la sostenibilidad como un factor central en la gestión del riesgo financiero y la competitividad futura. Este espacio busca alinear al Estado, reguladores y mercado financiero en torno a herramientas, métricas e instrumentos que permitan canalizar recursos hacia soluciones climáticas y sociales, entendiendo que el desafío ambiental también es un desafío económico.
Estos ejemplos muestran que cuando las políticas se construyen con base técnica, colaboración multisectorial y una mirada de largo plazo, es posible generar consensos que trascienden los ciclos electorales. Justamente ese es el tipo de gobernanza que exige la crisis climática.
Chile ha ido comprendiendo, con avances y aprendizajes, que hay desafíos que no pueden comenzar ni terminar con un solo gobierno. Que enfrentar el cambio climático, y su impacto en la economía y en las personas, requiere coherencia, continuidad y acuerdos amplios. Y que proyectar el futuro únicamente en horizontes de cuatro años no solo es insuficiente, sino riesgoso frente a la magnitud del desafío que tenemos por delante.
