Por José Luis Romero, Profesor adjunto, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC
Hace pocos días, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció la incorporación de dos nuevos sitios en Chile a los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM): el sistema de ganadería camélida y agricultura altoandina, y el sistema ancestral de la cordillera Pehuenche. Con ellos, nuestro país suma tres sitios SIPAM, cuya primera declaratoria fue para el archipiélago de Chiloé en 2011 como uno de los seis pilotos mundiales. A la fecha, FAO ha declarado 104 sitios en 29 países, 11 de estos en América Latina.
Este reconocimiento no es un acto aislado, sino el resultado de años de trabajo técnico y articulación territorial. La adjudicación de Chiloé tomó nueve años de colaboración entre agricultores, autoridades y organizaciones locales, mientras que los dos nuevos sitios comenzaron sus procesos en 2018 en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Detrás de cada SIPAM hay una gobernanza colaborativa, no exenta de dificultades, que integra gobiernos regionales, municipios, pueblos indígenas, sociedad civil, actores privados y ministerios sectoriales, con un objetivo común: la conservación dinámica, que asegura que estos sistemas sigan evolucionando y aportando al desarrollo local, la acción climática y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
A propósito de la controversia que desató la definición de sitios prioritarios en el marco de la Ley 21.600, quisiera reflexionar sobre la relevancia de integrar a todos los actores involucrados en este tipo de procesos. El debate reciente ilustra un punto más amplio: la necesidad de procesos participativos y articulación territorial para que cualquier iniciativa de conservación sea efectiva. En mi experiencia en política pública no solo basta el mandato, sino que es condición necesaria la movilización de voluntades para que estos actos no queden vacíos, sobre todo cuando hemos carecido de una mirada de planificación de largo plazo que integre los elementos que se buscan salvaguardar.
Un propósito compartido no solo hace factible la ejecución de la política, sino que además promueve la cohesión social, la valoración de los distintos tipos de capital del territorio y el reconocimiento de la relación de sus habitantes con él, tanto colectiva como individualmente. Dotar estos proyectos de participación efectiva es fundamental, para esto SIPAM por ejemplo cuenta con mesas multiactor, planes integrados, convenios de colaboración, giras para intercambio de experiencias e indicadores compartidos.
Por último, es importante destacar que este reconocimiento mundial otorgado por FAO ha sido posible gracias, principalmente, a los pueblos aymara, quechua, licanantay y mapuche-pehuenche, quienes con su conocimiento ancestral han dado origen a estos sistemas en entornos tanto complejos como únicos, mediante una gestión ingeniosa, adaptativa y resiliente de los recursos naturales que ha sido ampliamente integrada en el diseño de los distintos sitios. Gran parte del valor de los SIPAM no está en la declaratoria, sino en la capacidad de seguir articulando estos sistemas, para que sigan vivos aportando a la conservación y el desarrollo.
