Por María José Terré, Directora Ejecutiva de Water is Life.
Hace unos días el Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió un mensaje que busca calmar a la ciudadanía: el consumo humano de agua en Chile está asegurado hasta marzo de 2026. Esta noticia llega a pesar de que el país enfrenta 16 años consecutivos de sequía y un déficit de lluvias persistente. La clave, según la entidad, ha sido la gestión y las reservas en embalses cruciales como El Yeso y Los Aromos, que permiten garantizar el suministro en las principales ciudades. Las autoridades nos instan a “extremar los cuidados y hacer un uso eficiente del agua”.
Pero, si bien este titular es un respiro para muchos, desde Water is Life debemos preguntar: ¿seguridad hídrica para quién?
Mientras una parte de Chile puede abrir la llave sin pensarlo, otra vive la sequía en su versión más brutal y silenciosa. Me refiero a más de un millón de personas en zonas rurales, campamentos y comunidades aisladas que llevan años dependiendo de camiones aljibe o consumiendo agua de calidad precaria. Para ellos, el agua nunca ha estado “asegurada”.
El agua no es un recurso cualquiera; es vida, dignidad y un derecho humano innegociable.
En este sentido, cuando el MOP garantiza el consumo en las ciudades, nos recuerda que, si bien existe la capacidad técnica para gestionar esta crisis, tenemos una deuda ética urgente con los más vulnerables. Resulta inaceptable que los sistemas de Agua Potable Rural (APR) —la principal herramienta del Estado para llevar agua segura a comunidades que carecen de ella— tarden en promedio ocho años en concretarse. La excesiva burocracia y lentitud de los procesos administrativos transforman una solución vital en una promesa que se diluye en el tiempo. No podemos hablar de seguridad hídrica mientras las soluciones estructurales demoran casi una década en llegar a quienes más las necesitan.
No podemos permitir que el titular de la tranquilidad nos duerma. La seguridad temporal para algunos no debe hacernos olvidar la sed estructural de otros. El llamado a la eficiencia debe ir más allá del ahorro personal; debe transformarse en una presión de todos para que el Estado acelere las soluciones: desde la construcción de sistemas de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) hasta el apoyo a la innovación que permita a cada comunidad ser más autosuficiente.
Usemos esta ventana de tiempo no para la complacencia, sino para la acción decidida. Trabajemos para que la promesa de “agua asegurada” sea una realidad para todos los chilenos, sin excepción.
Porque si el agua es un derecho, garantizar su acceso universal es el único indicador real de nuestro progreso.
