Por María Ignacia García, Senior manager de Auditoría ESG de PwC Chile
Las semanas recientes se han publicado numerosas reflexiones y perspectivas de especialistas en torno a la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, (LDE)en el contexto de su aniversario. En esta columna aporto algunos datos, desde la vereda de las divulgaciones ESG.
El visualizador de Indicadores de las Memorias Integradas dispuesto por la CMF, presenta datos relevantes respecto a la existencia de políticas, procedimientos y marcos de cumplimiento, en base al levantamiento hecho entre los emisores de valores reportantes, para los periodos 2022, 2023 y 2024.
En la sección Políticas, es posible encontrar preguntas directamente relacionadas a la mencionada ley. Por ejemplo, si la empresa cuenta con procedimientos para prevenir incumplimientos regulatorios referidos a la Libre competencia, cuyas respuestas “NO” son significativas, y muestran un alza, de un 30% en 2022, a un 34% en 2023, y un 37% en 2024. Se pregunta también aspectos relativos a procedimientos para prevenir incumplimientos regulatorios referidos al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, y Cohecho, en la que, menos mal, se observa una mayor incidencia, con tasas de SI sobre el 90% en los tres periodos, pero que aun así presenta un margen de NO que no es menor, en el entendido de que igual se trata de entidades “grandes” que participan de mercados de capital y sujetas a supervisión.
Si bien es esperable ver que ciertas buenas prácticas en materia ESG se diluyen al incorporarse datos de empresas de menor tamaño y menos expuestas a mercados de capital extranjeros (recordemos que la NCG 461 entraba en aplicación de manera desfasada en tres tandas, partiendo por las empresas de mayor tamaño, lo que explica el aumento en el universo de respuestas año a año: 80-164-210 en 2022-2023-2024 respectivamente), quizás el único atisbo de evidencia respecto a la LDE radica en una escueta alza de dos puntos porcentuales de 2023 a 2024 en lo que respecta a la existencia procedimientos para evitar incumplimientos en materia de ML/FT/Cohecho.
Por otro lado, el visualizador incluye la pregunta respecto a si cuenta con Modelos o programas de Cumplimiento Ambiental. Las estadísticas disponibles muestran que sólo en torno a la mitad de las organizaciones lo tienen (48% en 2023 y 52% en 2024). Se podría pensar que contar con programas de esta índole no es pertinente para todo el universo de empresas consideradas, ya que no todas tienen “chimenea”, y que por ende faltan elementos para juzgar las cifras. No obstante, si filtramos esta pregunta por sector, se observa que para la industria financiera, por ejemplo, igual hay 3 entidades sobre 31 en 2023 y 5 sobre 47 en 2024 que reportan contar con Modelos o Programas de Cumplimiento Ambiental.
Los resultados no sólo arrojan dudas sobre qué ha significado la LDE realmente al interior de las empresas y cuánto espacio hay aún en muchas de ellas, lo que es parte de los debates que han surgido estos días, sino también respecto a lo que están revelando en estos ejercicios anuales: ¿Recoge pertinentemente las expectativas de divulgación? ¿Refleja adecuadamente su realidad? ¿“Conecta los puntos” donde corresponde?
En nuestro rol de verificadores de información “extra financiera”, la Ley 21.595 suele aparecer en las conversaciones con directores como una preocupación respecto a su responsabilidad por la divulgación de datos erróneos o sin evidencia. Los datos anteriores sugieren que hay elementos más directos y de gestión que debiesen preocuparles.
